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El empleo de la figura del Real Decreto-Ley para aprobar la declaración tributaria especial fue inconstitucional
El objetivo “justicia (tributaria)” vence al objetivo “recaudación”, haciendo ilegítimo, y por tanto inconstitucional, el uso de esta categoría normativa para aprobar el régimen de “amnistía fiscal”
La sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de junio de 2017, pendiente de publicación oficial en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ha declarado inconstitucional la disposición adicional primera del Real Decreto-Ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público.
Esa norma introdujo en nuestro ordenamiento jurídico lo que técnicamente se llamó “declaración tributaria especial“, si bien se ha venido denominando por su objetivo como “amnistía fiscal”.
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