José Antonio Panizo Robes
Cuerpo Superior Técnico de la Administración del Estado

INTRODUCCIÓN

La regulación de los ámbitos presupuestarios al inicio del ejercicio 2017¹ se caracterizaron por la prórroga de los Presupuestos de 2016 (de acuerdo con las previsiones del art. 134.1 de la Constitución –CE–, al no estar aprobados, en fecha 1 de enero de 2017, los Presupuestos Generales del Estado para 2017), prórroga que ha mantenido su vigencia hasta la entrada en vigor de la Ley 3/2017, que aprueba los Presupuestos Generales del Estado para este último ejercicio (LPGE 2017).

Ahora bien, el hecho de que estuviesen prorrogados los Presupuestos Generales del Estado para 2016 no ha sido óbice para que hayan entrado en vigor, con efectos desde el 1 de enero de 2017, determinadas medidas que han tenido efecto en el ámbito de la Seguridad Social, básicamente en lo relacionado con la revalorización de las pensiones² , así como, de forma parcial, respecto de la cotización a la Seguridad Social³.

Por ello, la entrada en vigor de la LPGE 2017 apenas tiene incidencia en los grandes capítulos de la Seguridad Social, como son los relacionados con los gastos, derivados de la actualización de las pensiones, o las previsiones de ingresos, derivados de las cotizaciones a la Seguridad Social, aunque sí existen algunas novedades en este último apartado en relación con las bases de cotización en el Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o Autónomos –RETA–.

Sin embargo, y como suele ser habitual en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, se aprovecha la correspondiente LPGE 2017 para incorporar determinadas modificaciones en el ordenamiento jurídico de la Seguridad Social, cuyo contenido es objeto de análisis en el apartado II de este trabajo.

I. LAS MODIFICACIONES INCORPORADAS EN LA LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO EN MATERIA DE AUTORIZACIONES DE GASTOS Y PREVISIONES DE INGRESOS PARA 2017

1. LOS ÁMBITOS ECONÓMICOS FINANCIEROS DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN 2017

1.1. Conforme establece la LPGE 2017 el Presupuesto de la Seguridad Social forma parte de los Presupuestos Generales del Estado, por lo que en aquella se recogen las obligaciones de la Seguridad Social⁴ para dicho ejercicio, al tiempo que las previsiones de ingresos⁵, a través de las diferentes fuentes de financiación, entre las que destacan las cotizaciones sociales⁶ y las transferencias a la Seguridad Social desde el Presupuesto del Estado⁷.

Respecto de estas últimas, las mismas se dirigen a la financiación de determinadas prestaciones de naturaleza no contributiva (gestionadas desde el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria –INGESA– y el Instituto Social de la Marina –ISM–), a la cobertura de determinadas acciones y medidas de responsabilidad del Estado y, sobre todo, a la financiación de determinadas prestaciones económicas, como son los complementos a mínimos de las pensiones contributivas, las prestaciones familiares o las pensiones no contributivas por invalidez y jubilación.

1.2. En cuanto a la financiación de la asistencia sanitaria gestionada por el INGESA, la misma se efectúa con dos aportaciones finalistas del Estado, una para operaciones corrientes, por un importe de 230,50 millones de euros, y otra para operaciones de capital, por un importe de 10,14, millones de euros, y con cualquier otro ingreso afectado a aquella entidad, por importe estimado de 1,09 millones de euros⁸.

A su vez, el Presupuesto del Instituto de Mayores y Servicios Sociales –IMERSO– se financia en el ejercicio del año 2017 con aportaciones del Estado para operaciones corrientes por un importe de 3.997,83 millones de euros y para operaciones de capital por un importe de 6,12 millones de euros, así como por cualquier otro ingreso afectado a los servicios prestados por la Entidad, por un importe estimado de 37,21 millones de euros.

Por último, la asistencia sanitaria no contributiva del ISM se financia, en el ejercicio 2017, con dos aportaciones del Estado, una para operaciones corrientes por un importe de 2,85 millones de euros, y otra para operaciones de capital por un importe de 20,00 miles de euros. Asimismo, se financian por aportaciones del Estado los servicios sociales de dicho Instituto, a través de una transferencia corriente por un importe de 13,40 millones de euros y de una transferencia para operaciones de capital por importe de 1,54 millones de euros.

1.3. Siguiendo el antecedente de la LPGE 2016⁹ , corre por cuenta del Presupuesto del Estado la cobertura financiera de los complementos a mínimos de las pensiones contributivas de la Seguridad Social¹⁰, para la que la LPGE 2017¹¹ contempla una partida de 7.179,59 millones de euros para la financiación total de tales complementos a mínimos de las pensiones contributivas¹². 

1.4. A su vez, en el ejercicio 2017 vuelve a repetirse la práctica de la ampliación del plazo de la cancelación de créditos que, en la década de los noventa, se otorgaron desde el Presupuesto del Estado a la Seguridad Social para el equilibrio presupuestario de esta última, requerido para atender la financiación de parte del gasto no contributivo.

En tal sentido, la Ley 12/1996 (reiterando lo sucedido en los ejercicios 1994 y 1995) estableció un préstamo del Estado a la Seguridad Social por un importe de 155.612.200.000 pesetas (935.248.157,90 euros), que debía ser cancelado, sin devengo de intereses, en un plazo de 10 años, plazo que fue prorrogado por 10 años adicionales a través de la Ley 30/2005, de Presupuestos Generales del Estado para 2006 y que, a su vez, se amplía por otros diez años más en la LPGE 2017¹³.

1.5. Relacionado con la financiación del sistema de la Seguridad Social, la LPGE 2017 recoge otros dos preceptos, como son:

1. De una parte, se establece¹⁴ un régimen excepcional de disposición de los activos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, anticipando la necesidad de acudir de nuevo a efectuar nuevas disposiciones del mismo, dado el previsible déficit de la Seguridad Social¹⁵ .
   A tal efecto y de acuerdo con la normativa reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social¹⁶, la disposición de los activos de dicho Fondo se ha de destinar con carácter exclusivo a la financiación de las pensiones de carácter contributivo y demás gastos necesarios para su gestión, y solo es posible en situaciones estructurales de déficit por operaciones no financieras del sistema de la Seguridad Social, sin que la disposición de los activos pudiese exceder en cada año del 3 % de la suma de ambos conceptos, precisándose en todo caso autorización previa del Consejo de Ministros, a propuesta conjunta de los Ministros de Empleo y Seguridad Social, Hacienda y Función Pública y de Economía, Industria y Competitividad.

No obstante, la necesidad de efectuar disposiciones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social¹⁷, en cantidades más elevadas que las que implicasen el 3 % de las operaciones no financieras de los Organismos de la Seguridad Social, llevó a dejar sin aplicación el límite del 3 %, durante los ejercicios 2012 a 2014, ambos inclusive¹⁸, reglas que se amplían a los ejercicios 2015 y 2016¹⁹, y que se prevé, de igual modo, para los ejercicios 2017 y 2018²⁰, en la forma siguiente:

•  Durante los ejercicios 2017 y 2018, no resulta de aplicación el límite del 3 % en orden a las disposiciones de activos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
•  En dichos ejercicios, se autoriza la disposición de activos del Fondo de Reserva, a medida que surjan las necesidades, hasta un importe equivalente al importe del déficit por operaciones no financieras que pongan de manifiesto las previsiones de liquidación de los presupuestos de los Organismos de la Seguridad Social, elaboradas por la Intervención General de la Seguridad Social, con arreglo a los criterios establecidos en la normativa reguladora de dicho Fondo.
•  La disposición de los activos del Fondo se ha de destinar al pago de las obligaciones relativas a las pensiones de carácter contributivo y demás gastos necesarios para su gestió
•  Con carácter trimestral se ha de dar cuenta al Consejo de Ministros de los importes dispuestos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
•  La disposición del importe del Fondo de Reserva de la Seguridad Social se efectúa por la Tesorería General de la Seguridad Social –TGSS– en su función de caja pagadora del sistema y competente para la distribución en el tiempo y en el territorio de las disponibilidades dinerarias para satisfacer puntualmente las obligaciones de la Seguridad Social y evitar los desajustes financieros²¹.

2. Por último, y dado que con el total de los activos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2017 resulta suficiente para cubrir el eventual déficit que se prevé para el presupuesto de la Seguridad Social en dicho ejercicio, respecto de la cobertura de los gastos con los ingresos corrientes, la disposición adicional novena de la LPGE 2017 autoriza al Gobierno para, previo informe de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, autorizar la concesión de préstamos a la TGSS hasta un importe máximo anual de 10.192 millones de euros, estableciendo una regulación semejante a los préstamos de equilibrio concedido a la Seguridad Social en la década de los noventa del pasado siglo, es decir, que el préstamo no devenga intereses y su cancelación se ha de producir en un plazo máximo de diez años a partir de 2018.

2. LA COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL EN 2017²²

De acuerdo a las previsiones del TRLGSS²³ , la LPGE 2017²⁴ regula la determinación de la cotización a la Seguridad Social y a los conceptos de recaudación conjunta (desempleo, Fondo de Garantía Salarial –FOGASA– y formación profesional), para los diferentes Regímenes que conforman la estructura del mismo, fijando el tope máximo de cotización (aplicable en cada uno de los Regímenes y sistemas especiales, salvo que en la regulación específica de cada uno de ellos se establezca otra cosa), así como estableciendo que, durante el año 2017, las bases de cotización en los Regímenes de la Seguridad Social y respecto de las diferentes contingencias, tienen como tope mínimo las cuantías del salario mínimo interprofesional vigente (SMI) en cada momento, incrementadas en un sexto, salvo disposición expresa en contrario²⁵.

No obstante, hay que tener en cuenta que, respecto de la cotización a la Seguridad Social, el artículo 9 del Real Decreto-Ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social, y con efectos del 1º de enero de 2017, dispuso un incremento del 3 % de la cuantía del tope máximo de cotización en el sistema de la Seguridad Social, regulándose en su disposición adicional única un aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) del 8 %, cuyas cuantías fijas quedaron determinadas en el Real Decreto 742/2016, de 30 de diciembre, por el que se establece el salario mínimo interprofesional para 2017.

Considerando lo anterior, así como las previsiones de las disposiciones de Seguridad Social en materia de cotización, y con vigencia permanente, la Orden ESS/106/2017, de 9 de febrero²⁶, reguló las normas de cotización a la Seguridad Social, en el ejercicio 2017, al menos hasta tanto se aprobase la LPGE 2017. Por ello, el artículo 106 de esta última Ley se limita a reproducir los preceptos ya recogidos en las disposiciones citadas, al tiempo que incorpora determinadas novedades en aquellos ámbitos (con particular incidencia en la cotización en el RETA) que no resultaron afectados por las modificaciones del Real Decreto-Ley 3/2016.

2.1. LA COTIZACIÓN EN EL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

2.1.1. De acuerdo con el artículo 148 del TRLGSS, la base de cotización en el Régimen General es equivalente al salario que, por todos los conceptos, reciba el trabajador, siempre que no exceda del tope máximo de cotización que, para el ejercicio 2017, queda fijado en 3.751,20 euros mensuales o 125,04 euros diarios, lo que implica un crecimiento del 3 %, en relación con los importes vigentes en 2016.

A su vez, dado que el Real Decreto 742/2016, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2017, incrementa esta magnitud en un 8 % respecto de su importe en 2016, las bases mínimas de cotización, según grupos de cotización, al igual que el tope mínimo absoluto, experimentan ese mismo crecimiento, en relación con los importes vigentes en 2016.

De acuerdo con ello, las bases mínimas por grupos de cotización y la cuantía de la base máxima de cotizaciones quedan fijadas, con efectos del 1 de enero de 2017, en los siguientes importes mensuales:

2.1.2. Se mantienen en 2017 los tipos de cotización en los importes establecidos para 2016, en la forma siguiente:

Para la cotización por contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, se han de aplicar los tipos de la tarifa de primas establecida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre (en la redacción dada por la disp. final octava de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para 2016) siendo las primas resultantes a cargo exclusivo de la empresa²⁷.

2.1.3. Las bases y tipos de cotización indicados son aplicables, de igual forma, a determinados colectivos integrados en el Régimen General (como son los artistas en espectáculos públicos o los profesionales taurinos), sin perjuicio de la aplicación de algunas especialidades en cuanto a la determinación de la cotización, conforme a lo establecido en la legislación específica²⁸.

• Las bases de cotización a cuenta en el caso de los artistas en espectáculos públicos, desde el 1 de enero de 2017 y en función de las retribuciones percibidas en cada uno de los espectáculos en que actúen, son²⁹:

• A su vez, las bases de cotización a cuenta en el caso de los profesionales taurinos, desde el 1 de enero de 2017 y en función de las retribuciones percibidas en cada uno de los espectáculos en que actúen, son³⁰:

2.2. COTIZACIÓN EN EL SISTEMA ESPECIAL DE TRABAJADORES AGRARIOS POR CUENTA AJENA

El apartado Tres del artículo 106 de la LPGE 2017 regula la cotización en el sistema especial de trabajadores agrarios por cuenta ajena³¹ incorporando al texto legal las disposiciones que, de forma provisional, ya se recogían en la Orden ESS/106/2017, en la forma que se señala en los apartados siguientes, diferenciándose entre la cotización en los períodos de actividad, de los que se aplican en los períodos de inactividad.

2.2.1. Bases de cotización

• Bases de cotización en los supuestos de prestación efectiva de servicios.

En los períodos en que el trabajador preste de forma efectiva servicios agrarios, las cuantías de las bases, máxima y mínima, de cotización experimentan, respecto de las establecidas en 2016, un aumento del 3 % (base máxima) y del 8 % (las bases mínimas), cuyos importes, cuando se aplica la modalidad de cotización mensual³², son los siguientes:

Mientras que las bases de cotización, máximas y mínimas, diarias, cuando resulte de aplicación esta modalidad de cotización, son:

• Base de cotización aplicable en los supuestos de inactividad.

Durante el tiempo en el que el trabajador agrario no preste servicios, pero continúe incluido en el sistema especial³³, la base de cotización aplicable equivale a la base mínima, es decir, a 825,60 euros/mes (lo que implica un incremento del 8 %, respecto de la vigente en el ejercicio 2016)³⁴.

2.2.2. Tipos de cotización

• Durante los períodos de actividad.

Durante 2017 se aplican los siguientes tipos de cotización, en los que, y por lo que se refiere a los aplicables a los grupos 2 al 11, se incrementan los establecidos en 2016, conforme a las previsiones contenidas en las normas de integración de los trabajadores por cuenta ajena agrarios en el Régimen General³⁵.

• Durante los períodos de inactividad, el tipo de cotización se mantiene en el 11,50 %, siendo la cotización resultante a cargo exclusivo del trabajador.

2.2.3. Reducciones en la cotización empresarial por contingencias comunes

• Al igual que en ejercicios anteriores y conforme a las previsiones legales³⁷,  la cotización por contingencias comunes a cargo del empleador, en la situación de actividad agraria por parte del trabajador, tiene la siguiente reducción porcentual de la base de cotización.

• Durante las situaciones de incapacidad temporal (IT), riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, así como de maternidad y paternidad causadas durante la situación de actividad, la cotización, en lo que respecta a la aportación a cargo del empleador, se ha de llevar a cabo, en función de la modalidad de contratación de los trabajadores, aplicando a la base de cotización por contingencias comunes que corresponda, los siguientes tipos:

• Respecto de los trabajadores agrarios con contrato indefinido, en el caso de trabajadores encuadrados en el grupo de cotización 1º, el tipo del 15,50 %; para los trabajadores encuadrados en los grupos de cotización 2 a 11, el tipo del 2,75 %.
• En lo que respecta a los trabajadores agrarios con contrato temporal y fijo discontinuo, se aplica lo señalado en el párrafo anterior, si bien únicamente en relación con los días contratados en los que no se haya podido prestar servicios por encontrarse el trabajador en alguna de las situaciones antes indicadas⁴⁰.

2.3. LA COTIZACIÓN PARA 2017 EN EL SISTEMA ESPECIAL DE EMPLEADOS DE HOGAR⁴¹

2.3.1. La cotización a la Seguridad Social, para 2017, en el sistema especial del Régimen General para empleados de hogar viene afectada por tres circunstancias:

• De una parte, el incremento en un 8 %, respecto de los tramos de retribuciones utilizados para la determinación de las correspondientes bases de cotización⁴², en función de cada tramo.
• El incremento de los tipos de cotización a cargo del empleador, conforme a lo establecido en la disposición transitoria decimosexta del TRLGSS, que supone un aumento del 3,51 %, sobre el aplicado en 2016⁴³.
• Y, por último, la supresión de la reducción del 20 % en la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes, siempre que se tratase de la cotización de una persona contratada, bajo cualquier modalidad contractual, y dado de alta en el sistema especial, a partir del 1 de enero de 2012, reducción que se había mantenido provisionalmente, como consecuencia de la prórroga del Presupuesto del ejercicio de 2016⁴⁴.

2.3.2. Conforme a los criterios anteriores, a partir del 1 de enero de 2017, las bases de cotización aplicables en el sistema especial para empleados de hogar, por cada una de las relaciones laborales que mantenga el mismo para cada uno de los empleadores, son las siguientes:

2.3.3. Durante el año 2017, el tipo de cotización por contingencias comunes es el 26,50 %, siendo el 22,10 % a cargo del empleador y el 4,40 % a cargo del empleado.

Para la cotización por contingencias profesionales, se aplica el tipo de cotización previsto en la tarifa de primas aprobada por la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre (del 1 %), siendo la cuota resultante a cargo exclusivo del empleador.

2.4. COTIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS

El apartado Cinco del artículo 106 de la LPGE 2017 establece las bases mínimas y máximas de cotización en el RETA, respecto de las que, si en relación con la base máxima absoluta reproduce el importe deducido del Real Decreto-Ley 3/2016 (y recogido en la Orden ESS/106/2017), sin embargo establece «ex novo» (y con efectos del 1 de enero de 2017), las cuantías de las bases mínimas de cotización y de las «bases máximas intermedias» en dicho Régimen⁴⁵, en función de la edad del autónomo y/o de la acreditación de determinadas circunstancias, todo ello, en la forma que se indica en los apartados siguientes.

2.4.1. La base máxima de cotización equivale a la establecida en el Régimen General, es decir, que tiene una cuantía de 3.751,20 euros/mes, mientras que la base mínima de cotización será de 919,80 euros/mes. No obstante, los importes de la base máxima y mínima se modulan en función de la edad del autónomo, el 1 de enero de 2017, así como consecuencia de otras situaciones, en el modo que se indica⁴⁶:

• Las cuantías indicadas de base máxima y mínima son aplicables de forma general, en la elección de base de cotización por los trabajadores autónomos que, a 1 de enero de 2017, tengan una edad inferior a 47 años, así como para quienes, teniendo más de 47 años, la base por la que viniesen cotizando en el mes de diciembre de 2016 haya sido igual o superior a 1.964,70 euros/mes, o para quienes causen alta en el RETA con posterioridad a la citada fecha.
•  Respecto de los trabajadores autónomos que, a 1 de enero de 2017, tengan 47 años de edad, si su base de cotización fuera inferior a 1.964,70 euros/mes, no pueden elegir una base de cuantía superior a 2.023,50 euros/mes, salvo que ejerciten su opción en tal sentido antes del 30 de junio de 2017, con efectos a partir de 1 de julio del mismo año, o que se trate del cónyuge supérstite del titular del negocio que, como consecuencia del fallecimiento de este, haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse de alta en el RETA con 47 años de edad, en cuyo supuesto se aplican las normas indicadas en el párrafo a).
• La base de cotización de los trabajadores autónomos que, a 1 de enero de 2017, tengan 48 o más años cumplidos, pasa a estar comprendida entre las cuantías de 992,10 y 2.023,50 euros/mes, salvo que se trate del cónyuge supérstite del titular del negocio que, como consecuencia del fallecimiento de este, haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse de alta en el RETA con 45 o más años de edad, en cuyo caso, la elección de bases está comprendida entre 919,80 y 2.023,50 euros/mes.
• En la elección de la base de cotización para los trabajadores autónomos que con anterioridad al cumplimiento de los 50 años hubieran cotizado en cualquiera de los Regímenes del sistema de la Seguridad Social por espacio de 5 o más años, se aplican las siguientes reglas:
  • Si la última base de cotización acreditada hubiera sido igual o inferior a 1.964,70 euros/mes, la elección de base queda limitada en una cuantía situada entre 919,80 y 2.023,50 euros/mes.
  • Si la última base de cotización acreditada hubiera sido superior a 1.964,70 euros/mes, los interesados habrán de cotizar por una base comprendida entre 919,80 euros mensuales y el importe de la base por la que viniesen cotizando, incrementada en un 3 %, con el tope de la cuantía de la base máxima de cotización.
• Los trabajadores autónomos dedicados a la venta ambulante o a domicilio (CNAE 4781 Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en puestos de venta y mercadillos; 4782 Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en puestos de venta y mercadillos; 4789 Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta y mercadillos y 4799 Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos) pueden elegir como base mínima de cotización durante el año 2017 la establecida con carácter general en el RETA (es decir, una base por un importe de 919,80 euros/mes) o la base mínima de cotización vigente para el Régimen General (825,60 euros/mes).
  Estas reglas resultan de aplicación, de igual modo, a los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado dedicados a la venta ambulante, incluidos en el RETA, que perciban ingresos directamente de los compradores.
• Los trabajadores autónomos dedicados a la venta a domicilio (CNAE 4799) pueden elegir como base mínima de cotización durante el año 2017 la establecida con carácter general (919,80 euros/mes) o una base de cotización equivalente al 55 % la misma (505,90 euros/mes).
  La elección de una base mínima de cotización equivalente al 55 % de la establecida con carácter general, se aplica también a los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado dedicados a la venta ambulante, que perciban ingresos directamente de los compradores, cuando se acredite que la venta ambulante se lleva a cabo en mercados tradicionales o «mercadillos», con horario de venta inferior a 8 horas al día.  En estos casos, resulta obligatoria la cotización por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
• Para los trabajadores autónomos que en algún momento del año 2016 y de manera simultánea hayan tenido contratado a su servicio un número de trabajadores por cuenta ajena igual o superior a 10, la base mínima de cotización para el año 2017 tiene una cuantía igual a la prevista como base mínima para los trabajadores encuadrados en el grupo de cotización 1 del Régimen General (es decir, 1.152,90 euros/mes).
  Esta base también es de aplicación a las personas incluidas en el RETA, al amparo de lo establecido en el artículo 305.2.b) y e) del TRLGSS (es decir, los socios o administradores de sociedades de capital que ostenten la dirección y el control de la sociedad y, en su caso, tengan funciones de dirección y gerencia de las mismas), a excepción de aquellos que causen alta inicial en el mismo, durante los 12 primeros meses de su actividad, a contar desde la fecha de efectos de dicha alta⁴⁷.

2.4.2. Los tipos de cotización en el RETA son, con efectos del 1 de enero de 2017, los siguientes:

• Con carácter general, el 29,80 % o el 29,30 % si el interesado está acogido a la protección por contingencias profesionales o por cese de actividad.
• Cuando el interesado no tenga cubierta la protección por incapacidad temporal, el tipo de cotización será el 26,50 %⁴⁸.
• Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se aplicarán los porcentajes de la tarifa de primas incluida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007.
• Los autónomos que no tengan cubierta la protección dispensada a las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, han de efectuar una cotización adicional equivalente al 0,10 %, aplicado sobre la base de cotización elegida, para la financiación de las prestaciones por riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural.

2.4.3. El artículo 106 de la LPGE 2017 prevé otras particularidades en la cotización en el RETA como son:

• Los trabajadores autónomos que, en razón de su trabajo por cuenta ajena desarrollado simultáneamente, coticen, respecto de las contingencias comunes, en régimen de pluriactividad y lo hagan en el año 2017, teniendo en cuenta tanto las aportaciones empresariales como las correspondientes al trabajador en el Régimen General, así como las efectuadas en el Régimen Especial, por una cuantía igual o superior a 12.739,08 euros, tienen derecho a una devolución del 50 % del exceso en que sus cotizaciones superen la mencionada cuantía, con el tope del 50 % de las cuotas ingresadas en el citado Régimen Especial, en razón de su cotización por las contingencias comunes de cobertura obligatoria.
  La devolución se ha de llevar a cabo a instancias del interesado, que habrá de formularla en los cuatro primeros meses de 2018.
• Los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado dedicados a la venta ambulante, incluidos en el RETA⁴⁹, tienen derecho, durante 2017, a una reducción del 50 % de la cuota a ingresar, reducción que también resulta de aplicación a las personas que se dediquen, de forma individual, a la venta ambulante en mercados tradicionales o «mercadillos» con horario de venta inferior a ocho horas al día, siempre que no dispongan de establecimiento fijo propio, ni produzcan los artículos o productos que vendan.

2.4.4. Por lo que se refiere a la cotización en la situación por cese de actividad⁵⁰, la base de cotización tiene el mismo importe que la base elegida en el RETA⁵¹.  Sobre la base de cotización correspondiente se aplica el tipo de cotización del 2,2 %⁵².

2.5. LA COTIZACIÓN EN 2017 EN EL SISTEMA ESPECIAL DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA AGRARIOS

Respecto de la cotización en el sistema especial del RETA de los trabajadores agrarios por cuenta propia, se mantienen las reglas aplicadas en 2016, sin más variación que la aplicación de la nueva cuantía de las bases de cotización, manteniéndose los importes de los tipos de cotización.

Conforme a lo anterior, las bases y tipos de cotización aplicados en el sistema especial en 2017 se recogen en el cuadro siguiente:

2.6.  LA COTIZACIÓN EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

El Régimen Especial de Trabajadores del Mar (RETMAR) tiene la particularidad de incluir, dentro de su campo de aplicación, tanto a trabajadores por cuenta ajena, como a trabajadores que realizan su actividad por cuenta propia. Para estos últimos, se aplican las reglas sobre la cotización señaladas en el apartado I.2.4., para el RETA⁵⁴.

En relación con la cotización de los trabajadores por cuenta ajena, la misma se determina conforme a las reglas aplicadas en el Régimen General, respecto de las bases máxima y mínima, y tipos de cotización, sin perjuicio de la aplicación de determinadas minoraciones en la base de cotización ⁵⁵.

No obstante, en lo que se refiere a la cotización de los trabajadores incluidos en los grupos 2º y 3º⁵⁶,  la misma ha de efectuarse sobre las remuneraciones que se determinen mediante Orden del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a propuesta del ISM, oídas las organizaciones representativas del sector, determinación que ha de llevarse a cabo por provincias, modalidades de pesca y categorías profesionales, sobre la base de los valores medios de remuneración percibida en el año precedente. A tal efecto, la Orden ESS/77/2017, de 3 de febrero, fija para el año 2017 las bases de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores indicados.

2.7. COTIZACIÓN EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN

En el Régimen Especial de la Minería del Carbón, la cotización se lleva a cabo aplicando las reglas establecidas en el Régimen General, en lo que respecta a los tipos de cotización y a la cotización por contingencias profesionales.

La particularidad esencial radica en la determinación de las bases de cotización, a efectos de la cotización por contingencias comunes, ya que, en vez de tener un importe individual para cada trabajador (calculada conforme a las previsiones del art. 147 del TRLGSS), aquellas tienen una cuantía que se aplica a todos los trabajadores que pertenezcan a la misma categoría profesional, dentro de la misma zona minera⁵⁷, a través de la «normalización» de las retribuciones de los trabajadores pertenecientes a una misma categoría profesional⁵⁸.

La normalización de las bases de cotización, a efectos de las contingencias comunes, se ha de llevar a cabo en 2017 de la forma siguiente⁵⁹:

• Se tienen en cuenta los importes de las remuneraciones percibidas o que hubieran tenido derecho a percibir los trabajadores, computables a efectos de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, durante el período comprendido entre 1 de enero y 31 de diciembre de 2016, ambos inclusive.
• Tales remuneraciones se totalizan, mediante su agrupación por categorías, grupos profesionales y especialidades profesionales y zonas mineras.
• Los importes obtenidos, así totalizados, se dividen por la suma de los días a que correspondan, siendo el resultado la base normalizada diaria de cotización por contingencias comunes, cuyo importe no puede ser inferior al de las bases mínimas ni superior a la cuantía de la base máxima de las establecidas en el Régimen General.
• El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha de fijar la cuantía de las bases normalizadas, mediante la aplicación de las reglas anteriores⁶⁰.

2.8. LA COTIZACIÓN AL DESEMPLEO, FONDO DE GARANTÍA SALARIAL Y PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL

Respecto de la cotización para la contingencia de desempleo, así como para el Fondo de Garantía Salarial y para la formación profesional, la LPGE 2017⁶¹ y la Orden ESS/106/2017⁶² establecen las siguientes reglas:

2.8.1. La base de cotización por desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional, en todos los regímenes de la Seguridad Social que tengan cubiertas tales contingencias y salvo para el supuesto de los contratos para la formación y aprendizaje, es la misma que se aplica para la cotización para los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (es decir, la base de cotización por contingencias comunes, incorporando las retribuciones por horas extraordinarias).

2.8.2. En relación con los tipos de cotización a las contingencias señaladas, a partir del 1 de enero de 2017, son los siguientes:

• Desempleo:

• Fondo de Garantía Salarial: el 0,20 %, a cargo de la empresa.
• Formación Profesional: el 0,70 %, del que el 0,60 % corre por cuenta de la empresa y el 0,10 %, a cargo del trabajador.

2.8.3. Respecto de los trabajadores agrarios por cuenta ajena, incluidos en el respectivo sistema especial, sobre la base de cotización que corresponda (vid. apartado I.2.2.), se aplican los siguientes tipos de cotización:

• Desempleo

Además, durante el año 2017 se aplica para todos los trabajadores en situación de IT, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, así como maternidad y paternidad causadas durante la situación de actividad, cualquiera que sea el grupo en el que se encuadren, una reducción en la cuota a la cotización por desempleo equivalente a 2,75 puntos porcentuales de la base de cotización.

• Para el Fondo de Garantía Salarial: el 0,10 %, a cargo exclusivo de la empresa.
• A efectos de la cotización para formación profesional, se aplica un tipo de cotización el 0,18 %, del que el 0,15 % es por cuenta de la empresa, y el 0,03 %, a cargo del trabajador.

2.8.4. Para la cotización en el caso de los trabajadores por cuenta ajena, incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar, se aplican las reglas establecidas para el Régimen General, si bien a la base de cotización por desempleo de los grupos segundo y tercero le son de aplicación los correspondientes coeficientes correctores⁶³.

2.9. COTIZACIÓN EN LOS CASOS DE TRABAJADORES CON CONTRATO A TIEMPO PARCIAL Y PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE

2.9.1. Cotización en los casos de trabajadores a tiempo parcial.

• A efectos de la cotización en los supuestos de contratación a tiempo parcial, se aplican las reglas generales, vigentes para el Régimen de encuadramiento, con la particularidad de que, a efectos de la aplicación de la base mínima de cotización, la Orden ESS/106/2017 –siguiendo el precedente de ejercicios anteriores– establece una base mínima horaria, de modo que, en estos supuestos, la base mínima aplicable a la cotización en la mensualidad de que se trate es el resultado de multiplicar el número de horas trabajadas en el mes por la cuantía de la base mínima horaria, correspondiente al grupo de cotización en que se encuentre encuadrado el trabajador.
  Tales bases mínimas horarias (que implican un crecimiento del 8 %, sobre las vigentes en 2016) son⁶⁴ las que se reflejan en el cuadro siguiente:

• En los supuestos de prestación de servicios a tiempo parcial por socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado que hubieran optado en sus estatutos por asimilar a los socios trabajadores a trabajadores por cuenta ajena, incluidos en razón de la actividad de la cooperativa en el Régimen General, en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar o en el Régimen Especial para la Minería del Carbón, la base de cotización no puede ser inferior a siguientes las cuantías:

Por lo que se refiere a los trabajadores agrarios por cuenta ajena, incluidos en el respectivo sistema especial, que presten servicios a tiempo parcial, y cualquiera que sea número de horas de trabajo realizadas en cada jornada, la base de cotización de tales trabajadores no puede tener una cuantía inferior a 35,90 euros/día.

2.9.2.La cotización en los contratos para la formación y el aprendizaje.

Sí, con carácter general, las cuotas a la Seguridad Social son el resultado de aplicar sobre la base de cotización (coincidente, en grandes líneas, con la retribución percibida) el correspondiente tipo de cotización, existen supuestos en los  que se cotiza por una cantidad fija (independiente de las retribuciones percibidas por el trabajador), como es el caso de los trabajadores con contratos para la formación y el aprendizaje, cuantías que son actualizadas en la Orden ESS/106/2017⁶⁵ (con base en las previsiones del art. 106. Once y Doce LPGE 2017), incrementando las vigentes en 2016, en un 8 %, en la forma siguiente:

• La cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes consiste en una cuota única mensual de 40,13 euros por contingencias comunes, de los que 33,46 euros son a cargo del empresario y 6,67 euros a cargo del trabajador⁶⁶ .
• Para la cotización por contingencias profesionales, se aplica una cuota de 4,60 euros por contingencias profesionales, a cargo del empresario.
• La cotización al FOGASA consiste en una cuota mensual de 2,54 euros, a cargo del empresario.
• A efectos de cotización por formación profesional, se ha de abonar una cuota mensual de 1,39 euros, de los que 1,23 euros corresponden al empresario y 0,16 euros al trabajador.
• Cuando proceda cotizar por desempleo, la base de cotización es la base mínima correspondiente a las contingencias por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a la que es de aplicación el tipo y la distribución del mismo establecido con carácter general.

2.10. OTROS SUPUESTOS DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL EN 2017

El artículo 106 de la LPGE 2017 y la Orden ESS/106/2017, de acuerdo con las previsiones de la primera, regulan la cotización en otros supuestos específicos, como son, entre otros:

• La determinación de los coeficientes reductores de la cotización aplicables a las empresas excluidas de alguna contingencia y a las empresas colaboradoras (arts. 19 a 21).
• El establecimiento de los coeficientes aplicables para determinar la cotización en los supuestos de convenio especial o en el caso del subsidio por desempleo de nivel asistencial (arts. 22 y 23).
• La fijación de la fracción de cuota que deben percibir las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social por su colaboración en la gestión de la prestación económica por IT derivada de contingencias comunes y del subsidio por IT de trabajadores por cuenta propia (art. 24).
• Los coeficientes aplicables para determinar las aportaciones a cargo de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y empresas colaboradoras para el sostenimiento de los servicios comunes y determinación de la dotación de la reserva por cese de actividad (art. 25).
• El incremento a efectuar en la cuota empresarial por contingencias comunes, en el caso de contratos temporales con duración efectiva inferior a siete días⁶⁷ (art. 26).
• Los tipos de cotización aplicables a los casos de prolongación de la vida laboral⁶⁸ y otros supuestos (art. 30).
• Los tipos de cotización adicional aplicables al colectivo de bomberos y de miembros del Cuerpo de la Ertzaintza, en compensación a la posibilidad de anticipación de la edad de jubilación, sin que tal circunstancia acarree ninguna minoración en el importe de la pensión, todo ello en la forma siguiente:
  • Respecto de los bomberos⁶⁹, para 1017, el tipo de cotización adicional se fija en el 9,90 %, del que el 8,26 % será a cargo de la empresa y el 1,64 %  a cargo del trabajador.
  • Por lo que se refiere al colectivo del Cuerpo de la Ertzaintza⁷⁰, durante el año 2017, el tipo de cotización adicional es del 8,60 %, del que el 7,17 % será a cargo de la empresa y el 1,43 % a cargo del trabajador.
• La determinación de los valores límites y volumen de cotización, aplicables en 2016, a efectos de la reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales, de acuerdo con las previsiones del Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo (art. 31).

2.11. EL MANTENIMIENTO DE DETERMINADOS BENEFICIOS EN LA COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL EN DETERMINADOS CASOS

Siguiendo los antecedentes de ejercicios anteriores, la LPGE 2017 mantiene, durante todo el ejercicio 2017, determinados beneficios en las cotizaciones sociales en determinados supuestos, como son:

• Una bonificación⁷¹ en la cotización a la Seguridad Social en los supuestos en que, por razón de riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, la trabajadora, en virtud de lo previsto en el artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, sea destinada a un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado. En estos casos, se aplica, con respecto a las cuotas devengadas durante el período de permanencia en el nuevo puesto de trabajo o función, una bonificación del 50 % de la aportación empresarial en la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes.
  Esta misma bonificación resulta de aplicación en aquellos casos en que, por razón de enfermedad profesional, se produzca un cambio de puesto de trabajo en la misma empresa o el desempeño, en otra distinta, de un puesto de trabajo compatible con el estado del trabajador.
• De igual modo, en el caso de empresas (con exclusión de las pertenecientes al sector público) dedicadas a actividades encuadradas en los sectores de turismo, así como los de comercio y hostelería (siempre que se encuentren vinculados a dicho sector del turismo), que generen actividad productiva en los meses de febrero, marzo y de noviembre de cada año y que inicien y/o mantengan en alta durante dichos meses la ocupación de los trabajadores con contratos de carácter fijo discontinuo, se aplica una bonificación en dichos meses del 50 % de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los conceptos de recaudación conjunta de Desempleo, FOGASA y Formación Profesional de dichos trabajadores⁷².

En el anexo I a este trabajo se recogen las particularidades referentes a los tipos, coeficientes y fracciones de cuotas señaladas.

3. LA REVALORIZACIÓN EN 2017 DE LAS PENSIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

3.1. REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

• Conforme al Título IV de la LPGE 2017, así como en el Real Decreto 746/2016, de 30 de diciembre, sobre revalorización y complementos de pensiones de Clases Pasivas y sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2017, la revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social se establece de forma lineal, aplicando un 0,25% (que es el valor para 2017 del índice de revalorización de las pensiones⁷³) a las cuantías de las pensiones, a 31 de diciembre de 2016, que son objeto de actualización⁷⁴, porcentaje que, de igual forma, se aplica a determinados parámetros, que se tienen en cuenta en la actualización de las pensiones, como son, entre otros, el importe de la cuantía máxima de percepción de pensión pública (que se sitúa en la cantidad de 2.573,70 euros/mes o 36.031,80 euros/año), así como de los complementos necesarios para alcanzar las cuantías de las pensiones mínimas de la Seguridad Social.
• Por lo que se refiere al acceso a los complementos a mínimo de las pensiones contributivas, así como respecto del mantenimiento en su percibo, los mismos quedan condicionados a que el pensionista no perciba ingresos (al margen de la propia pensión) que superen los 7.133,97 euros al año⁷⁵. Para las pensiones que se hayan causado a partir de 1 de enero de 2013, el importe del complemento a mínimo no puede superar la cuantía de la pensión no contributiva, en función de las circunstancias familiares del pensionista⁷⁶ y, con relación a las pensiones causadas a partir de 1 de enero de 2014, para el acceso a los complementos a mínimos es necesario residir en territorio español.
  En el caso de pensiones mínimas en supuestos de existencia de cónyuge a cargo, se precisa que el cónyuge conviva con el pensionista y dependa económicamente de él, considerando que se da este requisito cuando el cónyuge del pensionista no sea, a su vez, titular de una pensión a cargo de un régimen básico público de previsión social, y siempre que los ingresos del pensionista y de su cónyuge, resulten inferiores a 8.321,85 euros anuales.
• Para 2017, el importe de la pensión de Seguridad Social, en la modalidad no contributiva, se  fija en 5.164,60 euros íntegros anuales, cantidad a la que se añade la de 525 euros/año, en los casos en que el pensionista acredite fehacientemente carecer de vivienda en propiedad y tener, como residencia  habitual, una vivienda alquilada, cuyo propietario no tenga con él relación de parentesco hasta tercer grado, ni sea cónyuge o persona con la que constituya una unión estable y  conviva con  análoga relación de afectividad a la conyugal.
• Por último, la LPGE 2017 fija las cuantías de las pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI), cuando no concurren con otras pensiones públicas⁷⁷, estableciéndolas en 5.713,40 euros, y 5.546,80 euros cuando concurran con pensiones de viudedad de alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social

3.2. REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO

El porcentaje del 0,25 %, aplicado sobre las cuantías a 31 de diciembre de 2016, también se extiende a las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado, así como a los complementos económicos, para alcanzar en dicho Régimen los importes de las pensiones mínimas.

3.3. ACTUALIZACIÓN DE OTRAS PRESTACIONES SOCIALES PÚBLICAS

Además de la actualización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y del Régimen de Clases Pasivas del Estado, la LPGE 2017 y, previamente el Real Decreto 746/2016, regulan la actualización para 2017 de otras prestaciones sociales públicas (aunque algunas no son objeto de revalorización) como son:

• Los importes de las prestaciones familiares, respecto de las que se actualizan las asignaciones económicas por hijo a caro con 18 o más años, y con una discapacidad en grado igual o superior al 65 %, manteniendo las cuantías de 2016 las restantes prestaciones.
• Los subsidios económicos de garantía de ingresos mínimos, por ayuda de tercera persona y de movilidad y compensación por gastos de transporte, regulados en el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (los dos primeros no son objeto de actualización).
• Las pensiones asistenciales de la Ley 45/1960, de 21 de julio, y Real Decreto 2620/1981, de 24 de julio (prestación cuyo importe mantiene la cuantía de 2016).
• La cuantía de las ayudas sociales reconocidas a los afectados por el VIH.
• El importe de la prestación económica establecida por la Ley 3/2005, de 18 de marzo, sobre reconocimiento de una prestación económica a los españoles de origen desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia de la Guerra Civil.

En el anexo II a este trabajo se recogen las cuantías de las pensiones de la Seguridad Social para 2017.

II. OTRAS MATERIAS DE SEGURIDAD SOCIAL RECOGIDAS EN LA LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2017

1. OTRA VEZ SOBRE EL CONTROL DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL

Dos son las cuestiones que aborda la LPGE 2017, en relación con el control de la IT. Una, referida a los convenios que se suscriben entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, en orden a una mejora de la colaboración interinstitucional, y la otra, respecto de la responsabilidad del pago de la prestación económica, una vez que el proceso ha agotado los primeros 365 días de su duración.

1.1. En relación con esta última cuestión y de acuerdo con la normativa de Seguridad Social⁷⁸, el control «sanitario» de la prestación de IT corresponde básicamente a la entidad, pública o privada, a quien esté encomendada la dispensación sanitaria de la persona en baja, sin perjuicio de las competencias atribuidas a los servicios médicos de la entidad gestora responsable de la prestación económica, en los términos recogidos en el apartado 1 del artículo 170 del TRLGSS.

Sin embargo, una vez que el correspondiente proceso agota el período de 365 días, el INSS, a través de los órganos competentes para evaluar, calificar y revisar la incapacidad permanente del trabajador –Equipos de Valoración de Incapacidades (EVI)–, es la entidad competente para reconocer la situación de prórroga expresa con un límite de 180 días más, o bien para determinar la iniciación de un expediente de incapacidad permanente, o bien para emitir el alta médica, por curación o por incomparecencia injustificada a los reconocimientos médicos convocados por la Entidad. De igual modo, el INSS es el único organismo competente para emitir una nueva baja médica en la situación de IT producida, por la misma o similar patología, en los 180 días naturales posteriores a la citada alta médica, cesando el régimen de colaboración obligatoria en el pago de la prestación⁷⁹.

No obstante, surgía una problemática con relación al período que media entre la resolución del INSS, asumiendo el control total de la prestación, y la fecha en que la misma se notificaba a los interesados (trabajador y empresa colaboradora), dada la eficacia general de los actos administrativos desde la fecha de su notificación. Esta problemática se resuelve mediante la modificación del artículo 170.2 del TRLGSS⁸⁰, en el sentido de imputar a la entidad gestora o a la mutua el pago de la prestación por el período indicado, lo que permite al empresario dejar de abonar, en régimen de pago delegado, la prestación desde el momento de la emisión de la resolución del INSS acordando el alta médica, sin que tenga que esperar a la fecha –incierta– de la efectiva notificación al interesado⁸¹.

1.2. Desde finales de los años 90 del pasado siglo, y al amparo de las previsiones contenidas en la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, el INSS ha venido suscribiendo convenios (por lo general, de duración cuatrienal), con las comunidades autónomas, respecto del control de la IT, a través de los cuales se fijaban, de común acuerdo, una serie de objetivos entre ambas partes, comprometiéndose la entidad gestora a abonar a los servicios respectivos de las comunidades autónomas unas determinadas cantidades, que permitiesen, entre otras finalidades, dar cobertura financiera a las acciones a desarrollar desde los ámbitos sanitarios de los entes territoriales señalados, previéndose la entrega a cuenta de cantidades, que deben ser objeto de la regularización al final de cada ejercicio económico, si bien estos anticipos quedaban restringidos por la Ley 17/2012, de Presupuestos Generales del Estado para 2013⁸², que modificaban de forma sustancial los conciertos anteriores.

A fin de evitar esta circunstancia, y frente a la rotundidad de la Ley General Presupuestaria, las sucesivas leyes de presupuestos generales del Estado han venido incorporando, a través de la respectiva disposición adicional, una excepción, excluyendo la aplicación de las previsiones de la Ley General Presupuestaria (en relación con las entregas a cuenta) respecto de los convenios formalizados entre las entidades gestoras de la Seguridad Social con las comunidades autónomas, para el control y seguimiento de la IT.

Esa particularidad se reitera en la LPGE 2017, en la que, a través de su disposición adicional octava, (referida a los «convenios de colaboración entre las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, las Comunidades Autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria para el control y seguimiento de la incapacidad temporal») se autoriza a que, en tales convenios, se pueda prever el anticipo de hasta la cuantía total del importe previsto en el respectivo convenio para la financiación de las actuaciones a desarrollar por las comunidades autónomas y por el INGESA.

No obstante, y con carácter previo a la formalización de los mencionados convenios, se requiere la autorización del Consejo de Ministros, a cuyo objeto el titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, previo informe del Ministerio de Hacienda y Función Pública, ha de elevar la oportuna propuesta al Consejo de Ministros.

2. LA AMPLIACIÓN DE LOS SUPUESTOS EN QUE EXISTE EL DEBER DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL

2.1. En paralelo con el deber de suministro de información a las diferentes entidades públicas, para la mejor realización de las funciones encomendadas, el TRLGSS, a través de su artículo 71, prevé determinados supuestos en los que existe el deber de entregar, por parte de entidades y/o particulares, determinada información a las entidades gestoras de la Seguridad Social, supuestos entre los que se encuentran los siguientes:

• Los organismos competentes dependientes del Ministerio de Hacienda y Función Pública o, en su caso, de las comunidades autónomas o de las diputaciones forales, han de facilitar, dentro de cada ejercicio anual, a las entidades gestoras de la Seguridad Social responsables de la gestión de las prestaciones económicas y, a petición de las mismas, los datos relativos a los niveles de renta y demás ingresos de los titulares de prestaciones en cuanto determinen el derecho a las mismas, así como de los beneficiarios, cónyuges y otros miembros de las unidades familiares, siempre que tales datos deban tenerse en cuenta para el reconocimiento, mantenimiento o cuantía de dichas prestaciones, a fin de verificar si aquellos cumplen en todo momento las condiciones necesarias para la percepción de las prestaciones y en la cuantía legalmente establecida⁸³.
• El Ministerio de Justicia, a través del organismo que se designe para ello, ha de facilitar a las entidades gestoras de la Seguridad Social la información que estas soliciten acerca de las inscripciones y datos que guarden relación con el nacimiento, modificación, conservación o extinción del derecho a las prestaciones económicas de la Seguridad Social.
• Los empresarios tienen el deber de facilitar a las entidades mencionadas los datos que estas les soliciten para poder efectuar las comunicaciones a través de sistemas electrónicos, que garanticen un procedimiento de comunicación ágil en el reconocimiento y control de las prestaciones de la Seguridad Social relativas a sus trabajadores⁸⁴.
• Por último, el Instituto Nacional de Estadística ha de facilitar a las entidades de la Seguridad Social los datos de domicilio relativos al Padrón municipal que puedan guardar relación con el nacimiento, modificación, conservación o extinción del derecho a las prestaciones en cualquier procedimiento, así como con la actualización de la información obrante en las bases de datos del sistema de Seguridad Social.

2.2. En relación con la regulación anterior, el apartado Uno de la disposición final trigésima primera de la LPGE 2017 (mediante la modificación del contenido del art. 71.1 del TRLGSS) introduce unos nuevos supuestos de suministro de información a las entidades de la Seguridad Social, responsables de la gestión de las prestaciones, entre los que se encuentran:

• Se adecúa la obligación de información en los casos previstos en la disposición final duodécima de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal, respecto a los casos en que haya indicios racionales de criminalidad por la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, en que la víctima fuera ascendiente, descendiente, hermano, cónyuge o ex cónyuge del investigado.
  A través de su disposición final décima, la Ley 26/2015 procedió a la modificación de la Ley General de la Seguridad Social, en su texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, con la finalidad de impedir que se pudiese acceder a la condición de beneficiario, a efectos de las prestaciones de muerte y supervivencia que hubieran podido corresponderle, por quien fuera condenado por sentencia firme por la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, cuando la víctima fuera el sujeto causante de la prestación, debiendo la entidad gestora proceder a la suspensión cautelar de la prestación que, eventualmente pudiese haberse reconocido, cuando recayese resolución judicial de la que se derivasen indicios racionales de que el sujeto investigado es responsable de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, si la víctima fuera el sujeto causante de la prestación, con efectos del día primero del mes siguiente a aquel en que le sea comunicada tal circunstancia⁸⁵.
  A tal efecto, la  disposición final duodécima de dicha ley introdujo una nueva disposición adicional –la quinta– en la Ley de Enjuiciamiento Criminal⁸⁶, en relación con las comunicaciones a efectuar a las entidades y organismos gestores de prestaciones públicas, regulando que por los secretarios judiciales de los juzgados y tribunales se comunicaría a tales entidades y organismos (INSS, ISM y Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Función Pública) cualquier resolución judicial de la que se derivasen indicios racionales de criminalidad por la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, en que la víctima fuera ascendiente, descendiente, hermano, cónyuge o ex cónyuge del investigado, o estuviera o hubiese estado ligada a él por una relación de afectividad análoga a la conyugal, comunicando, de igual forma, las resoluciones judiciales firmes que pongan fin a los procedimientos penales.
  Completando la previsión anterior, en la nueva redacción dada al párrafo b) del artículo 71.1 del TRLGSS, se precisa que, a los efectos de lo previsto en los artículos 231⁸⁷, 232⁸⁸, 233⁸⁹ y 234⁹⁰, todos ellos del TRLGSS, por el encargado del Registro Central de Penados y el del Registro de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias no Firmes, se han de comunicar, al menos con una periodicidad semanal, los datos relativos a penas, medidas de seguridad y medidas cautelares impuestas por existir indicios racionales de criminalidad por la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, en que la víctima fuera ascendiente, descendiente, hermano, cónyuge o ex cónyuge del investigado, o estuviera o hubiese estado ligada a él por una relación de afectividad análoga a la conyugal.
• A su vez, se añade un nuevo párrafo e) en el artículo 71 del TRLGSS, que tiene como objetivo que Ministerio del Interior facilite a las entidades gestoras de la Seguridad Social, por medios informáticos, las fechas de vencimiento de los permisos de residencia, sus altas, variaciones o bajas o los cambios de situación y sus efectos, así como los movimientos fronterizos de las personas que tengan derecho a una prestación para cuya percepción sea necesario el cumplimiento del requisito de residencia legal y efectiva en España (por ejemplo y entre otras, las prestaciones familiares de contenido económico, los complementos a mínimos de las pensiones contributivas o las pensiones no contributivas por invalidez o jubilación).
  Por último, se prevé⁹¹ que las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social han de facilitar a las entidades gestoras responsables de la gestión de las prestaciones económicas de la Seguridad Social los datos que puedan afectar al nacimiento, modificación, conservación o extinción del derecho a las mismas.

3. UNA NUEVA CONFIGURACIÓN JURÍDICA DE GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

En el ámbito de la organización y gestión de la Seguridad Social, el ordenamiento de la Seguridad Social diferencia entre las denominadas «Entidades gestoras», encargadas de la gestión de una parcela concreta de actuación⁹², de los «Servicios comunes» a los que se les encomienda la realización de funciones y servicios de carácter transversal, en cuanto que las mismas afectan a todas las entidades que gestionan el sistema de la Seguridad Social⁹³.

Dentro de los servicios comunes de la Seguridad Social, se encuentra la Gerencia de Informática de la Seguridad Social (GISS), a la que se le atribuye la gestión y administración de las tecnologías de la información, así como las comunicaciones en el sistema de la Seguridad Social⁹⁴, organismo carente de personalidad jurídica y con nivel orgánico de subdirección general, adscrita orgánicamente a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social⁹⁵.  

En función de la mayor asunción de competencia por parte de la GISS, así como con la finalidad de dotar a la misma de mayor autonomía y capacidad en la gestión y realización de las funciones y servicios atribuidos, el apartado dos de la disposición final trigésima primera de la LPGE 2017 incorpora un nuevo artículo en el TRLGSS (el 74 bis), para establecer la nueva regulación jurídica de dicho organismo, en el siguiente sentido:

• Se regula a nivel de ley el servicio común «Gerencia de Informática de la Seguridad Social» al que se le atribuye la gestión y administración de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el sistema de Seguridad Social.
• Se dota a la GISS de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.
• Se mantiene la dependencia orgánica actual, es decir, la dependencia del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de su adscripción a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, así como el rango de la GISS, como subdirección general.
• Por último, se prevé que el régimen jurídico de la GISS es el establecido en la disposición adicional decimotercera de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, para las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social⁹⁶.

4. LOS BENEFICIOS EN LA COTIZACIÓN EN LOS SUPUESTOS DE REDUCCIÓN DE JORNADA EN RAZÓN DE GUARDA LEGAL O CUIDADO DE FAMILIARES

4.1. La legislación laboral, y en relación con la conciliación de las responsabilidades familiares y laborales, establece⁹⁷ que quienes por razones de guarda legal tengan a su cuidado directo algún menor de doce años o una persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida, tienen derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella, derecho que se extiende a quienes precisen encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.

De igual modo, y dentro del mismo objetivo, el progenitor, adoptante, guardador con fines de adopción o acogedor permanente tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario de, al menos, la mitad de la duración de aquella, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del menor a su cargo afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas y carcinomas), o por cualquier otra enfermedad grave⁹⁸, que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente, acreditado por el informe del servicio público de salud u órgano administrativo sanitario de la comunidad autónoma correspondiente y, como máximo, hasta que el menor cumpla los dieciocho años⁹⁹.

Estas reducciones de jornada constituyen un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres, si bien, en el supuesto que dos o más trabajadores de la misma empresa generen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.

4.2. En relación con ello, el artículo 237.3 del TRLGSS¹⁰⁰ y a fin de que la pérdida de salarios, en los casos de reducción de jornada, con su consecuencia en los períodos de cotización de las personas que se acogían a unas u otras, no tuviesen incidencia en las prestaciones futuras, prevé que las cotizaciones realizadas durante los dos primeros años del período de reducción de jornada por cuidado de menor previsto en el artículo 37 del ET se computarán incrementadas hasta el 100 % de la cuantía que hubiera correspondido si se hubiera mantenido sin dicha reducción la jornada de trabajo, a efectos de las prestaciones por jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, maternidad y paternidad, si bien dicho incremento, y en la literalidad de la norma, vendría exclusivamente referido al primer año en el resto de supuestos de reducción de jornada contemplados en el artículo 37.6 (es decir, a los supuestos de cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida).

Por ello, del tenor literal del artículo 237.3 del TRLGSS, en relación con el contenido del artículo 37 del ET se derivaban las siguientes consecuencias:

• En los períodos de reducción de jornada, ocasionada por razones de guarda legal de algún menor de doce años o una persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida, la ampliación de las cotizaciones realizadas hasta el 100 %, se aplicaba a los dos primeros años del período de reducción, con efecto en las jubilaciones, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, maternidad y paternidad.
• Igual aplicación y con los mismos efectos, en relación con las prestaciones de Seguridad Social, se efectuaba en relación con los supuestos de reducción de jornada por cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida, si bien con el límite temporal del primer año de reducción.
• Por último, en los supuestos de reducción de jornada motivada por el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del menor a su cargo afectado por cáncer o por cualquier otra enfermedad grave, el cómputo de incremento de las cotizaciones hasta el 100 %,  se extendía durante el periodo de reducción de la jornada y, además, esas cotizaciones incrementadas lo son a efectos de las prestaciones por jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural e IT.

4.3. A fin de clarificar la regulación, y evitar la incongruencia existente, respecto del alcance de la ampliación de las cotizaciones en los casos de reducción de jornada, en los supuestos de guarda legal de menor de 12 años o mayor discapacitado, o en los casos de cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida, si bien con el límite temporal del primer año de reducción, el apartado Cuatro de la disposición final trigésima primera de la LPGE 2017 da nueva redacción al primer párrafo del artículo 237.3 del TRLGSS, indicando que, tanto en uno como en otro caso, el incremento de las cotizaciones realmente efectuadas hasta el 100 %  de la cuantía que hubiera correspondido, si se hubiera mantenido sin la reducción la jornada de trabajo, se aplicará únicamente durante el primer año de reducción de jornada.

5.  LA CONCATENACIÓN DE LA PRESTACIÓN POR CESE POR ACTIVIDAD Y LA SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN EL SECTOR MARÍTIMO PESQUERO

5.1. El apartado 1 del artículo 343 del TRLGSS establece una regulación en los supuestos de concatenación entre las prestaciones por cese de actividad¹⁰¹ y por IT, con un contenido similar al que se establece cuando la concatenación se produce entre la última prestación y el desempleo¹⁰², todo ello en la forma siguiente:

• Cuando el cese de actividad se produzca mientras el trabajador autónomo se encuentre en situación de IT, el interesado sigue percibiendo esta prestación, si bien en la misma cuantía que la prestación por cese de actividad, hasta que la IT se extinga, en cuyo momento pasa a percibir, siempre que reúna los requisitos legalmente establecidos, la prestación económica por cese de actividad.
• En el momento en que el interesado pasa a percibir la prestación por cese de actividad autónoma, se descuenta del período de percepción de la prestación por cese de actividad, como ya consumido, el tiempo que hubiera permanecido en la situación de IT, a partir de la fecha de la situación legal de cese de actividad.

En la aplicación de esta regulación, surgía la problemática de los trabajadores por cuenta propia, incluidos en el RETMAR¹⁰³, en los supuestos en que se produce un cese en la actividad desarrollada, si bien motivada por fuerza mayor a causa de la aplicación de una veda extraordinaria en la pesca¹⁰⁴, ya que, en tales casos, se mantiene el alta en la actividad pesquera –y, de ahí se mantiene la inclusión en el citado Régimen Especial–, por lo cual no pueden cumplir uno de los requisitos establecidos, a efectos del reconocimiento de la prestación por cese de actividad, consistente en la solicitud la baja en el Régimen Especial correspondiente a causa del cese de actividad¹⁰⁵.

5.2. A fin de adecuar la normativa de la prestación por cese de actividad autónoma al caso concreto de paralización de una actividad pesquera por cuenta propia, motivada por fuerza mayor debido a vedas extraordinarias, la LPGE 2017¹⁰⁶ modifica el artículo 34¹⁰⁷ de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero, referida a la regulación de la prestación por cese de actividad, en los casos concretos en que la situación legal de cese de actividad se produce, encontrándose el interesado en la situación de IT, en la forma siguiente:

• En el supuesto de situación legal de cese de actividad por causa de fuerza mayor motivada por una veda extraordinaria, que afecte a trabajadores autónomos incluidos en el RETMAR, si el hecho causante de la misma se produce encontrándose el trabajador por cuenta propia en situación de IT, se sigue percibiendo dicha prestación y en la misma cuantía (y no, como sucede con carácter general, en el importe que hubiese correspondido en la prestación por cese de actividad).
• Si una vez finalizada la prestación por IT, persiste la situación legal de cese de actividad, el trabajador autónomo pasa a percibir la prestación por cese de actividad que le corresponda desde el día siguiente a la finalización de la prestación por IT, siempre que se solicite en el plazo de 15 días hábiles, y reúna el resto de requisitos legalmente establecidos, sin que, y en ello está la segunda novedad, se reste del periodo de percepción de la prestación por cese de actividad el tiempo de IT, desde la fecha en que se produjo la situación legal de cese de actividad.

6. EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A LA ASISTENCIA SANITARIA PÚBLICA, EN LOS CASOS DE MUTUALIDADES DE FUNCIONARIOS

6.1. El artículo 3 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, regula la condición de asegurado, a efectos de la asistencia sanitaria pública, con cargo al Sistema Nacional de la Salud¹⁰⁸, en la forma siguiente:

• Tienen la condición de asegurado las personas que sean trabajadoras por cuenta ajena o por cuenta propia, afiliadas a la Seguridad Social y en situación de alta o asimilada a la de alta; ostenten la condición de pensionista del sistema de la Seguridad Social; sean perceptoras de cualquier otra prestación periódica de la Seguridad Social, incluidas la prestación y el subsidio por desempleo; o hayan agotado la prestación o el subsidio por desempleo u otras prestaciones de similar naturaleza, siempre que se encuentren en situación de desempleo y no acrediten la condición de asegurado por cualquier otro título y residir en España¹⁰⁹.
  No obstante, en los casos en que no se cumpla ninguno de los supuestos anteriores, las personas de nacionalidad española o de algún Estado miembro de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza que residan en España y los extranjeros titulares de una autorización para residir en territorio español, pueden ostentar la condición de asegurado¹¹⁰.
• A su vez, y a los mismos efectos, tienen la condición de beneficiarios de un asegurado, siempre que residan en España, el cónyuge o persona con análoga relación de afectividad, que deberá acreditar la inscripción oficial correspondiente, el ex cónyuge a cargo del asegurado, así como los descendientes y personas asimiladas a cargo del mismo que sean menores de 26 años o que tengan una discapacidad en grado igual o superior al 65 %.

6.2. Dado que la regulación anterior se predica, en primer lugar, respecto de la asistencia sanitaria dispensada a través del Sistema Nacional de Salud, el artículo 3.6 de la Ley 16/2003 preveía que la misma no modificaba el régimen de asistencia sanitaria de las personas titulares o beneficiarias de los regímenes especiales de la Seguridad Social gestionados por MUFACE, MUGEJU y el ISFAS, respecto de las que se mantiene su régimen jurídico específico¹¹¹.

Conforme a su normativa específica, los asegurados a las citadas mutualidades (así como sus beneficiarios) pueden elegir entre recibir la asistencia sanitaria a través de medios privados, en virtud de los conciertos suscritos entre la correspondiente mutualidad y determinadas entidades aseguradoras en el ramo sanitario, o recibir dicha asistencia a través del Sistema Nacional de Salud, debiendo efectuar la correspondiente opción en el momento de causar alta en la misma, pudiendo, de forma periódica (generalmente, de forma anual) modificar la opción realizada.

Por ello, la Ley 16/2003 (art. 3.6) precisa que las personas encuadradas en dichas mutualidades que hayan optado por recibir asistencia sanitaria a través de las entidades de seguro han de ser atendidas en los centros sanitarios concertados por estas entidades, mientras que, en caso de recibir asistencia en centros sanitarios públicos, el gasto correspondiente a la asistencia prestada ha de ser reclamado al tercero obligado, de acuerdo con la normativa vigente¹¹².

6.3. Para hacer efectivo el derecho de las personas aseguradas en las mutualidades (y sus familiares beneficiarios) de recibir la asistencia sanitaria a través del Sistema Nacional de Salud (en los casos en que hubiesen ejercitado esa opción), dichas entidades suscribieron, el 20 de diciembre de 1985, con los organismos de la Seguridad Social en ese momento competentes, conciertos para la prestación de asistencia sanitaria en todo el territorio nacional, a los titulares y beneficiarios de las mismas que optaban por recibir la asistencia sanitaria a través de la red sanitaria de la Seguridad Social, conciertos que fueron prorrogándose, incluso en fechas posteriores a la asunción, por parte de las diferentes comunidades autónomas, de las funciones y servicios referentes a la asistencia sanitaria.

No obstante, y aunque en un primer momento, las comunidades autónomas se subrogaron en los mencionados conciertos, sin embargo, por alguna de ellas (por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Canarias) se procedió a la denuncia del mismo, al entender que correspondía a la misma la competencia respecto de tales conciertos, procediendo a la extinción del concierto (en el caso de Canarias, con fecha 1 de enero de 2013). La controversia judicial entre la mutualidad y el ente autonómico ha sido resuelta a través de la STS, Sala de lo Contencioso, de 31 de enero de 2017¹¹³, que confirma la competencia de la comunidad autónoma en orden a establecer las condiciones de prestación de servicios sanitarios a los mutualistas residentes en el territorio de la comunidad autónoma, incluida la determinación del coste por las citadas prestaciones¹¹⁴.

6.4. Para «dar solución» a la problemática señalada, la LPGE (a través de la disp. final octava) modifica el apartado 6 del artículo 3 de la Ley 16/2003, en la forma siguiente:

• Las personas encuadradas en las mutualidades generales de funcionarios, que hayan optado por recibir asistencia sanitaria a través de los servicios públicos del Sistema Nacional de Salud, se adscriben a dichos servicios como asegurados o beneficiarios mutualistas, con derecho a la asistencia en los centros sanitarios del Servicio Nacional de Salud.
• Los Servicios de Salud de las comunidades autónomas y el INGESA han de facilitar a las personas titulares o beneficiarias de los regímenes especiales de la Seguridad Social, gestionados por las mutualidades de funcionarios que hubieran sido adscritas a sus correspondientes servicios de salud, la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, que se financiará en la forma establecida en la legislación vigente¹¹⁵, con la única salvedad de la prestación farmacéutica a través de receta médica en oficinas de farmacia.

7.  SIGUE EL APLAZAMIENTO EN LA APLICACIÓN DE DIFERENTES PRECEPTOS DE MEJORA DE LA COBERTURA SOCIAL

La LPGE 2017, siguiendo los precedentes de leyes de presupuestos anteriores, mantiene la demora en la entrada en vigor de diferentes preceptos recogidos en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, que se indican a continuación.

7.1. CÓMPUTO DEL PERÍODO DEL SERVICIO MILITAR A EFECTOS DEL ACCESO Y RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

La disposición adicional vigésima octava de la Ley 27/2011 previó el cómputo, a efectos de Seguridad Social, del período de servicio militar obligatorio o de prestación social sustitutoria, encomendando al Gobierno la presentación en el plazo de un año de un proyecto de ley que estableciese un sistema de compensación a la Seguridad Social para que por esta pudiera reconocerse, a favor de las personas interesadas, un período de asimilación del tiempo de servicio militar obligatorio o de prestación social sustitutoria, que compensase la interrupción de las carreras de cotización ocasionada por tales circunstancias, acorde con los incrementos que, en el ámbito de la contributividad se producía en la citada Ley 27/2011, y con la sostenibilidad del sistema.

Frente a la necesidad de la elaboración y presentación del correspondiente proyecto de ley, la aplicación del mandato legal ha ido aplazándose año tras año (a través de las disps. adic. octogésima cuarta de la LPGE 2014; nonagésima de la LPGE 2015 y octogésima octava de la LPGE 2016), aplazamiento que se reitera a través de la disposición adicional trigésima novena de la LPGE 2017.

7.2. LAS ESPECIALIDADES EN LA COTIZACIÓN EN EL SUPUESTO DE TRABAJO AUTÓNOMO CON DEDICACIÓN PARCIAL

La Ley 27/2011, de 1 de agosto, preveía la modificación de determinados preceptos de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, a fin de establecer la posibilidad del trabajo autónomo a tiempo parcial, previendo asimismo la aplicación supletoria a los trabajadores autónomos de lo establecido para los trabajadores por cuenta ajena a tiempo parcial (en la actualidad, en el art. 246 TRLGSS).

La entrada en vigor de los citados preceptos se ha ido demorando en las sucesivas leyes presupuestarias (correspondientes a los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016) si bien, la prórroga, para 2017, de los presupuestos generales del ejercicio 2016 habría determinado la plena vigencia de los mismos.

No obstante, para evitar las dudas interpretativas que pudieran producirse, la disposición final décima séptima de la LPGE 2017 procede a modificar la regulación anterior, en la forma siguiente:

• Se establece que, hasta el 1 de enero de 2019, no será de aplicación lo previsto en los artículos 1.1, primer párrafo¹¹⁶; 24, segundo párrafo¹¹⁷; y 25.4¹¹⁸ de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, en todo lo relativo a los trabajadores por cuenta propia que ejerzan su actividad a tiempo parcial.
• A su vez, se modifica el contenido del artículo 25.4 de la LETA (con entrada en vigor el 1 de enero de 2019), de modo que, manteniendo la orientación de la posibilidad en el establecimiento de un sistema de cotización a tiempo parcial para los trabajadores autónomos, para determinadas actividades o colectivos y durante determinados periodos de su vida laboral, se determina que, en todo caso, han de considerarse previamente los principios de contributividad, solidaridad y sostenibilidad financiera; sin embargo, se suprime la previsión de que, en defecto de la regulación expresa, se pueda aplicar la regulación establecida en el TRLGSS sobre normas aplicables a los trabajadores contratados a tiempo parcial.

7.3. LA MEJORA DE LAS PENSIONES DE VIUDEDAD

Siguiendo las orientaciones del Pacto de Toledo (en su formulación de 25 de enero de 2011), la disposición adicional trigésima de la Ley 27/2011¹¹⁹ estableció una mejora de las pensiones de viudedad  para determinado colectivo de pensionistas, mejora consistente en situar el porcentaje aplicable a la base reguladora en un 60% (frente al 52% establecido en la actualidad), siempre que se acrediten los siguientes requisitos:

• El pensionista ha de tener una edad igual o superior a 65 años.
• No tener derecho a otra pensión pública.
• No percibir ingresos por la realización de trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia.
• Y, por último, que los rendimientos o rentas percibidos por el pensionista (al margen de la pensión de viudedad) no superen, en cómputo anual, el límite de ingresos que esté establecido en cada momento para ser beneficiario de la pensión mínima de viudedad.

Ahora bien, la mejora en su integridad precisaba de un período de aplicación paulatina¹²⁰, de modo que el aumento del porcentaje se habría de llevar a cabo en un período de ocho años, a contar desde 2012, incrementando el porcentaje del 52 %, establecido en la legislación vigente, en un 1 % adicional, hasta alcanzar el 60 %.

No obstante lo anterior, a través de la disposición adicional vigésima sexta de la LPGE 2012 se aplazó la aplicación de lo establecido en la disposición adicional trigésima de la Ley 27/2011, aplazamiento que se mantuvo en 2013¹²¹, 2014¹²² y 2015¹²³, y que vuelve a reiterarse en 2016, a través de la disposición adicional vigésima octava de la LPGE 2016.

Sin embargo, ese aplazamiento en la aplicación de las previsiones de la disposición adicional trigésima de la Ley 27/2011 no se reitera en la LPGE 2017, por lo que surge la duda de si la ausencia expresa de aplazamiento provoca la entrada en vigor de la citada disposición adicional o, bien, teniendo en cuenta que la disposición adicional vigésimo octava de la Ley 48/2015 (LPGE 2016), establecía «sine die» el aplazamiento de dicha aplicación, podría entenderse que ese aplazamiento sigue en vigor hasta el momento en que otra legal estableciese la puesta en práctica de la misma.

Pero esta interpretación contrasta con lo que se ha realizado con el aplazamiento de la disposición adicional vigésima octava de la Ley 27/2011 (referida a la consideración del periodo de servicio militar, a efectos de las prestaciones de Seguridad Social, en los términos señalados en el apartado II.7.1.), respecto del cual, también la LPGE 2016 estableció su aplazamiento «sine die»¹²⁴ y, sin embargo, la LPGE 2017 reitera de nuevo tal aplazamiento.

7.4. UNA DEMORA MÁS EN LA ARTICULACIÓN DE FONDOS PARA LA INTEGRACIÓN DE MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS

Uno de los objetivos de la Ley Orgánica 4/2000, de derechos y libertades de los extranjeros en España, consiste en la integración de los inmigrantes en la sociedad española, en un marco de convivencia de identidades y culturas diversas sin más límite que el respeto a la Constitución y la ley. En este objetivo, la Administración General del Estado debe cooperar con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, en el marco de un plan estratégico plurianual que incluya, en sus objetivos, los de atender a la integración de los menores extranjeros no acompañados, para lo cual el Gobierno y las comunidades autónomas han de acordar en la Conferencia Sectorial de Inmigración programas de acción bienales para reforzar la integración social de los inmigrantes, programas que serían financiados con cargo a un fondo estatal para la integración de los inmigrantes, que se iría dotando anualmente, y que habría de incluir fórmulas de cofinanciación por parte de las Administraciones autonómicas y locales.

Antes del año 2012, los correspondientes Presupuestos Generales del Estado preveían las partidas presupuestarias del «Fondo de integración» que eran posteriormente distribuidas a las diferentes comunidades autónomas, en función de los criterios adoptados en Conferencia sectorial. No obstante, ya en el ejercicio 2012, la LPGE 2012¹²⁵ dejó sin efecto, para dicho año, la dotación del Fondo de integración, situación que se reiteró en los ejercicios 2013, 2014 y 2015, así como a través de la disposición adicional septuagésima quinta de la LPGE 2016.

Con el mismo objetivo, la disposición adicional centésima cuarta de la LPGE 2017 vuelve a dejar sin efecto, para dicho ejercicio, lo previsto en el artículo 2 ter 4 de la Ley Orgánica 4/2000.

7.5. LA REITERACIÓN EN LA SUSPENSIÓN DE DIFERENTES MEDIDAS EN LA COBERTURA DE LA DEPENDENCIA

Siguiendo el precedente de los cinco últimos ejercicios, la disposición adicional nonagésima primera de la LPGE 2017 procede a la suspensión de la aplicación de determinados preceptos de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, que implican una demora en la aplicación efectiva de la misma¹²⁶.

8. MODIFICACIONES EN EL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO

La disposición final primera de la LPGE 2017 procede a la modificación de determinados preceptos de la legislación de Clases Pasivas del Estado (LCP)¹²⁷, en los términos que se indican a continuación.

8.1. INCOMPATIBILIDADES DE LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN O RETIRO

Con carácter general y de acuerdo a la nueva regulación que contiene la LPGE 2017¹²⁸, las pensiones de jubilación o retiro del Régimen de Clases Pasivas del Estado son incompatibles con el desempeño de un puesto de trabajo o alto cargo en el sector público¹²⁹ por parte de sus titulares, sin que se pueda percibir la pensión junto a cualquier otra remuneración con cargo a los presupuestos de las Administraciones públicas y de los entes, organismos y empresas de ellas dependientes o con cargo a los de los órganos constitucionales, considerando por remuneración cualquier derecho de contenido económico derivado, directa o indirectamente, de una prestación o servicio personal, sea su cuantía fija o variable y su devengo periódico u ocasional.

La nueva regulación precisa el alcance de dicho régimen de incompatibilidades, posibilitando la aplicación de determinadas excepciones, como son:

• Las previstas en el artículo 19 de la Ley 53/1984¹³⁰.
• Las actividades que se realicen en condición de profesor universitario emérito¹³¹.
• Las actividades realizadas por el desempeño de cargos electivos como miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas o de las Corporaciones Locales, en el caso de que no se perciban retribuciones periódicas por dicho desempeño¹³².

A su vez, se mantiene que, con carácter general, el percibo de las pensiones de jubilación o retiro es incompatible con el ejercicio de una actividad, por cuenta propia o ajena, que dé lugar a la inclusión de su titular en cualquier régimen público de Seguridad Social, sin perjuicio de la aplicación de la figura de la denominada jubilación activa¹³³.

8.2. INCOMPATIBILIDADES DE LAS PENSIONES DE ORFANDAD

Se precisa el alcance de la incompatibilidad de la pensión de orfandad, en línea con la regulación establecida para la pensión de jubilación o retiro, de modo que la primera resulta incompatible con el desempeño de un puesto de trabajo o –y aquí está la precisión incorporada por la LPGE 2017¹³⁴– o de alto cargo en el sector público, con la aplicación de las excepciones señaladas en el apartado 8.2 anterior, respecto de la pensión de jubilación¹³⁵.

9. MODIFICACIONES EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE LOS FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO

A través de la LPGE 2017, se modifica parcialmente la regulación del Régimen Especial de los Funcionarios Civiles del Estado, en la forma que se detalla en los apartados siguientes¹³⁶.

9.1. En relación con el campo de aplicación del Régimen Especial de Funcionarios Civiles del Estado¹³⁷, además de indicarse la inclusión obligatoria en la MUFACE, por parte de los funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado, en el momento de la toma de posesión de su cargo, cuando adquieran la condición de funcionario, o sean rehabilitados en dicha condición, o reingresen al servicio activo¹³⁸, así como la conservación de la condición de mutualista, por parte de los funcionarios cuando sean declarados jubilados de carácter forzoso por edad, de carácter voluntario o por incapacidad permanente para el servicio, la disposición final sexta de la LPGE 2017 da solución a la problemática creada por los funcionarios que, a través del sistema de promoción interna, pasan a otros Cuerpos o Escalas de la Administración General del Estado o a Cuerpos o Escalas, propios de las Comunidades Autónomas.

Hasta la reforma legal, y conforme al ordenamiento vigente¹³⁹, los funcionarios de carrera de la Administración General del Estado, transferidos a las Comunidades Autónomas, que hubiesen ingresado o ingresasen voluntariamente en Cuerpos o Escalas de la Comunidad Autónoma de destino, cualquiera que fuese el sistema de acceso, quedaban excluidos del Régimen Especial de Funcionarios, pasando sin particularidad alguna al Régimen General de la Seguridad Social. Esta misma situación se aplicaba en los casos de excedencia voluntaria, por lo que cuando un funcionario, incluido en el Régimen Especial, pasaba a la situación de excedencia en su Cuerpo o Escala de origen por pasar, tras la superación de un proceso de promoción interna, a otro Cuerpo o Escala, era dado de baja en el Régimen Especial, pasando al Régimen General de la Seguridad Social.

9.2. Sin embargo, esta regulación era objeto de diferentes pronunciamientos judiciales, en los que se partía de diferenciar entre los supuestos de ingreso voluntario en un Cuerpo de la Administración, de los casos en que ese ingreso se llevaba a cabo mediante un proceso de promoción interna, aduciendo que el acceso al nuevo Cuerpo o Escala no puede comportar una pérdida de un derecho adquirido o de una expectativa de derecho, considerando, además, que, por el proceso de transferencias, las Comunidades Autónomas asumen todas las obligaciones que tenía el Estado con el funcionario transferido, entre ellas las obligaciones derivadas del Régimen de Seguridad Social, que fuese de aplicación, obligaciones que resultarían alteradas si, al acceder al funcionario a otro Cuerpo o Escala, se le privaba del derecho anterior¹⁴⁰.

Para dar solución a este problema, a través del nuevo apartado 3 en el mencionado artículo 7, se establece la siguiente regulación:

• Los funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado, que accedan por promoción interna a Escalas interdepartamentales o departamentales de Organismos Autónomos, quedan incluidos obligatoriamente en el Régimen General de la Seguridad Social, sin perjuicio de que puedan mantener la condición de mutualistas, a efectos de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.
• A su vez, los funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado, transferidos a las Comunidades Autónomas, que accedan por promoción interna a Cuerpos o Escalas propios de la Comunidad Autónoma de destino, y sin perjuicio de su situación de excedencia voluntaria en el Cuerpo de la Administración Civil del Estado, quedan incluidos obligatoriamente en el Régimen General de la Seguridad Social, sin perjuicio de que puedan mantener la condición de mutualistas de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.
• En el supuesto de que, por parte de los interesados, se desee mantener la condición de mutualistas, han de ejercitar la correspondiente opción, por una sola vez, en el plazo de quince días desde la toma de posesión en el nuevo Cuerpo o Escala.
• En cualquier caso, el mantenimiento de los interesados en el Mutualismo Administrativo no comporta la inclusión en el Régimen de Clases Pasivas del Estado, a efectos de derechos pasivos, por lo que, a efectos de las pensiones y otras prestaciones económicas quedan integrados en el Régimen General de la Seguridad Social.
• Como consecuencia de la regulación anterior, se modifica el artículo 8.1 de la Ley sobre el Régimen Especial de los funcionarios civiles, de modo que, aunque con carácter general, se causa baja en el citado Régimen, en los supuestos de la situación administrativa de excedencia voluntaria, en cualquiera de sus modalidades, se aplica, a su vez, la posibilidad, de opción, por parte del interesado, de ejercitar la opción de mantenerse como mutualista en MUFACE, cuando dicha excedencia haya sido motivada por el ingreso en otro Cuerpo o Escala administrativos.

9.3. Por último, se aborda la problemática de los funcionarios que, en la actualidad, estén incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social y que, en el momento en el que accedieron por promoción interna a Cuerpos o Escalas propios de la Comunidad Autónoma de destino o a Escalas interdepartamentales o departamentales de Organismos Autónomos, hubieran pertenecido al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.

En estos supuestos¹⁴¹,  se prevé que los interesados puedan optar, por una sola vez y hasta el 31 de diciembre de 2017, por recuperar su condición de mutualistas de MUFACE, con efectos jurídicos desde el 1 de enero de 2018, siempre que mantengan la condición de funcionarios en la fecha que ejerciten la opción, y sin perjuicio de su situación de excedencia voluntaria en el Cuerpo de la Administración Civil del Estado. En cualquier caso, la inclusión en el Mutualismo Administrativo no comporta la inclusión en el Régimen de Clases Pasivas del Estado, a efectos de derechos pasivos, por lo que, a efectos de las pensiones, se mantendrá la inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social.

10. MODIFICACIONES EN EL RÉGIMEN SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

10.1. LA JUBILACIÓN DEMORADA EN LOS SUPUESTOS DE JUECES Y MAGISTRADOS

La Ley 35/2002, por el que se establece un sistema de jubilación gradual y flexible, reguló unas condiciones especiales de determinación del importe de la pensión de jubilación, cuando se accedía a la misma, en los casos en que el interesado, en el momento de cumplimiento de la edad de acceso ordinario a la jubilación, cumpliese los requisitos de acceso a dicha pensión, condiciones que fueron objeto de mejora a través de la Ley 40/2007 y de la Ley 27/2011, con una regulación que ha pasado al artículo 214 del TRLGSS¹⁴².

A pesar de la previsiones contenidas en la disposición adicional octava de la Ley 40/2007¹⁴³, la aplicación del mecanismo de la «jubilación demorada» en el caso de los funcionarios públicos se retrasó hasta el ejercicio 2015¹⁴⁴, de modo que la pensión de jubilación resultaba mejorada, en los casos en que el interesado accedía a la pensión de jubilación, a una edad superior a la establecida como edad de jubilación forzosa, siempre que, en dicho momento, acreditase el cumplimiento de los requisitos para poder acceder a la pensión de jubilación.

La referencia contenida en la disposición adicional decimoséptima de la LCP al cumplimiento de la «edad de jubilación forzosa» hacía imposible la aplicación del mecanismo de la «jubilación demorada» en los supuestos de funcionarios públicos, cuya edad de jubilación forzosa coincidía con la edad máxima de prestación de servicios en el sector público administrativo, es decir, los 70 años¹⁴⁵. Para salvar esa dificultad, a través de la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, a los Jueces, Magistrados, Abogados Fiscales, Fiscales, Letrados de la Administración de Justicia, docentes universitarios y Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, incluidos en el Régimen de Clases Pasivas del Estado, que causaran o hubiesen causado pensión de jubilación a partir de 1 de enero de 2015 y que en el momento del hecho causante de la pensión contasen, al menos, con sesenta y cinco años de edad cumplidos, les pasaba a ser de aplicación el mecanismo de la «jubilación demorada», previsto, con carácter general, en el Régimen de Clases Pasivas del Estado.

La disposición final trigésima de la LPGE 2017 da un paso más allá para incluir, dentro de las previsiones de los mecanismos de la «jubilación demorada» a los magistrados que, el 1 de enero de 2017 o en fecha posterior, estuvieran prestando servicios como eméritos¹⁴⁶, previendo, además, la revisión de oficio de los reconocimientos de las pensiones de jubilación de los magistrados del Tribunal Supremo eméritos, con efectos económicos a partir del día primero del mes siguiente al que cesen en tal situación.

10.2. MODIFICACIONES EN LA REGULACIÓN DEL MUTUALISMO JUDICIAL

Por último, la disposición final quinta LPGE 2017 efectúa unas pequeñas adaptaciones en la regulación del Régimen Especial de la Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia¹⁴⁷ en dos ámbitos: de una parte, respecto de los mecanismos de cobertura del Régimen y, de otra, en lo referente a la prestación de asistencia sanitaria.

• En relación con el primero de los ámbitos indicados (y a través de la modificación del art. 3 del texto refundido regulador), se precisan los mecanismos de cobertura de este Régimen Especial, considerando la entrada en vigor del artículo 20 del Real Decreto-Ley 13/2010, por el que se incorporaron al Régimen General de la Seguridad Social (en vez del Régimen de Clases Pasivas del Estado) los funcionarios que ingresasen a partir del 1 de enero de 2011¹⁴⁸.
  En función de lo anterior, se adecúa el señalado texto refundido al Real Decreto-Ley indicado, de modo que, aunque con carácter general, los mecanismos de cobertura del Régimen Especial de la Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia quedan integrados por el Régimen de Clases Pasivas del Estado, así como por el Mutualismo Judicial, respecto del personal al servicio de la Administración de Justicia que haya ingresado a partir del 1 de enero de 2011, el mismo queda integrado en el Régimen General de la Seguridad Social, a los exclusivos efectos de pensiones, manteniendo su condición de mutualistas de la MUGEJU y teniendo acceso a todas las prestaciones comprendidas en el ámbito objetivo del Régimen Especial y gestionadas por dicha Mutualidad.
• En relación con la prestación de asistencia sanitaria de los asegurados en la MUGEJU (y sus familiares beneficiarios), dispensada a través de dicha Mutualidad, bien mediante conciertos con entidades aseguradoras privadas, bien a través del Sistema Nacional de Salud, prestación que comprende la prestación farmacéutica, en la que los beneficiarios de la misma han de participar mediante el pago de una cantidad porcentual (fijado en el 30 % del precio de venta al público del correspondiente medicamento), se precisa¹⁴⁹ –y en ello está la novedad– que el modelo de receta oficial será el establecido por la Mutualidad, con sujeción a lo previsto en la normativa vigente, y podrá emitirse en soporte papel y en soporte electrónico.

ANEXO I

 PARTICULARIDADES DE LA COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL DURANTE 2017

1. Coeficientes aplicables a las empresas excluidas de una contingencia

• Coeficientes aplicables en la cotización en los Convenios especiales y otras situaciones de asimilación al alta

3. Aportación de las Mutuas y de las empresas colaboradoras a la financiación de los servicios comunes de la Seguridad Social

4. Financiación de las Mutuas en la gestión de la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes

5. Otros supuestos de cotización

6. Tabla de primas para la cotización de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

CUADRO I

CUADRO II

Tipos aplicables a ocupaciones y situaciones en todas las actividades

• En los períodos de baja por IT y otras situaciones con suspensión de la relación laboral con obligación de cotización, continuará siendo de aplicación el tipo de cotización correspondiente a la respectiva actividad económica u ocupación.
• Para la determinación del tipo de cotización aplicable en función a lo establecido en la tarifa contenida en esta disposición se tomará como referencia lo previsto en su Cuadro I para identificar el tipo asignado en el mismo en razón de la actividad económica principal desarrollada por la empresa o por el trabajador por cuenta propia o autónomo, conforme a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), aprobada por Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, y a los códigos que en la misma se contienen en relación con cada actividad.
  Cuando en una empresa concurran, junto con la actividad principal, otra u otras que deban ser consideradas auxiliares respecto de aquélla, el tipo de cotización será el establecido para dicha actividad principal. Cuando la actividad principal de la empresa concurra con otra que implique la producción de bienes o servicios que no se integren en el proceso productivo de la primera, disponiendo de medios de producción diferentes, el tipo de cotización aplicable con respecto a los trabajadores ocupados en éste será el previsto para la actividad económica en que la misma quede encuadrada.
  Cuando los trabajadores por cuenta propia realicen varias actividades que den lugar a una única inclusión en el RETA, el tipo de cotización aplicable será el más elevado de los establecidos para las actividades que lleve a cabo el trabajador.
• No obstante lo indicado en la regla anterior, cuando la ocupación desempeñada por el trabajador por cuenta ajena se corresponda con alguna de las enumeradas en el Cuadro II, el tipo de cotización aplicable será el previsto en dicho cuadro para la ocupación de que se trate, en tanto que el tipo correspondiente a tal ocupación difiera del que corresponda en razón de la actividad de la empresa.

A los efectos de la determinación del tipo de cotización aplicable a las ocupaciones referidas en la letra «a» del Cuadro II, se considerará «personal en trabajos exclusivos de oficina» a los trabajadores por cuenta ajena que, sin estar sometidos a los riesgos de la actividad económica de la empresa, desarrollen su ocupación exclusivamente en la realización de trabajos propios de oficina aun cuando los mismos se correspondan con la actividad de la empresa, y siempre que tales trabajos se desarrollen únicamente en los lugares destinados a oficinas de la empresa.

La determinación del tipo de cotización aplicable será efectuada, en los términos que reglamentariamente se establezca, por la TGSS en función de la actividad económica declarada por la empresa o por el trabajador autónomo o, en su caso, por las ocupaciones o situaciones de los trabajadores, con independencia de que, para la formalización de la protección frente a las contingencias profesionales, se hubiera optado en favor de una entidad gestora de la Seguridad Social o de una entidad colaboradora de la misma.

ANEXO II

CUANTÍA DE LAS PENSIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2017

(*) 55 por 100 de la Base mínima de cotización al Régimen General.

• Límite de pensión pública: 36.031,80 euros/año.
• Pensiones del extinguido seguro obligatorio de vejez e invalidez no concurrentes 5.713,4 euros/año.
• Pensiones del extinguido seguro obligatorio de vejez e invalidez concurrentes con pensiones de viudedad de alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social o con alguna de estas pensiones y, además, con cualquier otra pensión pública de viudedad: 5.546,80 euros/año.
• Pensiones de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva: 5.164,60 euros/año.
• Prestaciones por hijo a cargo mayor de 18 años discapacitado:
• Con un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100: 4.426,80 euros/año.
• Con un grado de discapacidad igual o superior al 75 por 100 y necesitado del concurso de otra persona para la realización de los actos esenciales de la vida: 6.640,80 euros/año.
• Subsidio económico contemplados en el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, de movilidad y compensación para gastos de transporte:
• Subsidio de garantía de ingresos mínimos. . . . . ……………………………..  149,86 €/mes
• Subsidio por ayuda de tercera persona. . . ……………………………... . . . .   58,45 €/mes
• Subsidio de movilidad y compensación para gastos de transporte .....................  63,50 €/mes
• Pensiones asistenciales……………………………………………………. 149,86 euros/mes