Validez y eficacia de un contrato de arrendamiento de una vivienda de carácter ganancial otorgado después de la extinción de la sociedad de gananciales

Derecho de familia. Herencia. Legados. Gananciales. Atribución de la titularidad de bienes gananciales. Comunidad postganancial. Comunidad hereditaria. Legado de los derechos que correspondan al testador en un bien ganancial. Validez y eficacia de un contrato de arrendamiento de una vivienda de carácter ganancial otorgado después de la extinción de la sociedad de gananciales pero sin haber procedido a su liquidación. En la sociedad de gananciales, puesto que no surge una nueva persona jurídica, ambos cónyuges son titulares de los bienes comunes, pero los diversos objetos no les pertenecen proindiviso, sino que integran el patrimonio común, una masa patrimonial que pertenece a ambos cónyuges. Ambos cónyuges son los propietarios de cada cosa, de modo que el derecho de uno y otro, unidos, forman el derecho total, pero no son titulares de cuotas concretas sobre cada bien, lo que comporta que los cónyuges y sus sucesores, mientras no liquiden la sociedad, no pueden disponer sobre mitades indivisas de los bienes comunes. Es decir, durante la vigencia del régimen de gananciales no puede considerarse que cada cónyuge sea copropietario del 50% de cada bien. Para que se concrete la titularidad de cada cónyuge sobre bienes concretos es precisa la previa liquidación y división de la sociedad. Tras la disolución de la sociedad de gananciales por muerte de uno de los cónyuges, y hasta la liquidación del patrimonio, existe una comunidad universal en la que se integran los bienes que conformaban el patrimonio común  (Comunidad  postganancial). Para la transmisión de la propiedad sobre un bien concreto de la comunidad postganancial es precisa la intervención de todos los partícipes. Sin embargo, el contrato obligacional realizado por alguno o algunos de ellos no da lugar a la aplicación del régimen de la nulidad y es posible la eficacia de la transmisión si se produce la adjudicación del bien a los partícipes que lo otorgaron. Otra cosa es que, en defensa de su interés en que no se burle su participación en el patrimonio común, los demás partícipes puedan ejercitar una acción para que el bien se integre en el patrimonio postconsorcial. Para los actos de administración basta la mayoría de intereses en la comunidad postconsorcial y el arrendamiento es un acto de administración salvo cuando, por su duración, comprometa el aprovechamiento de las cosas. En tal caso se considera como acto de disposición y en el ámbito de la sociedad de gananciales, se ha considerado acto de disposición el arrendamiento de industria instalada en local ganancial por plazo de quince años. Respecto a la comunidad hereditaria, mientras no se proceda a la partición del caudal hereditario, integran la comunidad tanto los bienes privativos del premuerto como, hasta que se liquide la sociedad de gananciales y se adjudiquen bienes concretos, la participación del premuerto en el patrimonio ganancial. No forman parte de la comunidad hereditaria las cosas específicas y determinadas, propias del testador, respecto de las que haya ordenado un legado. El legatario adquiere la propiedad del bien desde la apertura de la sucesión y siendo válido el legado hecho por un cónyuge de los derechos que le correspondan en un bien determinado, la eficacia del mismo dependerá de lo que resulte al liquidar la sociedad de gananciales. Para el legado de bien ganancial, el legado de los derechos que correspondan al testador sobre un bien ganancial, se limita a la mitad indivisa del bien si esa parte es adjudicada al causante en copropiedad con el otro cónyuge o sus herederos o al valor de la mitad del bien en el caso de que sea adjudicado íntegramente al otro cónyuge. Es igualmente válido el legado de un bien integrado en la comunidad postganancial, en particular el otorgado por un cónyuge tras la disolución de la sociedad y antes de su división; pero la eficacia de este legado también dependerá de a quién se adjudique el bien en la división. Por lo dicho, en el momento en el que se celebró el contrato, la propiedad de la vivienda no pertenecía proindiviso a las otorgantes del arrendamiento, por mucho que ambas expresaran en el documento que eran las propietarias del piso sino que  en el momento del otorgamiento del contrato de arrendamiento litigioso, la vivienda integraba la comunidad postganancial. Por consiguiente, la titularidad de la vivienda pertenecía a todos los que en ese momento eran partícipes de la comunidad postganancial: la viuda y los herederos instituidos y un arrendamiento como el litigioso de 30 años, difícilmente puede ser calificado como acto de administración y en consecuencia no estaban facultadas para celebrar el contrato de arrendamiento, si bien, cuando haya legitimarios, el legado de usufructo universal a favor del viudo ha venido siendo admitido por lo que la facultad del usufructuario de disfrutar de los bienes comprende la de realizar actos o contratos que respeten la sustancia de la cosa. Pero el usufructuario no puede transmitir a otros derechos de más duración que el que a él le corresponde y con la extinción del usufructo desaparece el presupuesto del que dependía la subsistencia del contrato de arrendamiento. Por consiguiente, los herederos del cónyuge premuerto que no otorgaron el contrato de arrendamiento están legitimados para hacer valer la extinción del contrato y solicitar el cese del uso de la vivienda por el arrendatario. (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil,  de 17 de enero de 2018, recurso 934/2015)

Temporalidad de la pensión en un divorcio por desequilibrio económico

Derecho de Familia. Efectos del divorcio. Pensión compensatoria. Temporalidad. Las condiciones o circunstancias que delimitan la temporalidad de la pensión compensatoria por desequilibrio económico; una previsión, en definitiva, con certidumbre o potencialidad real determinada por altos índices de probabilidad, que es ajena a lo que se denomina "adivinación o futurismo". Falta en la sentencia recurrida el juicio sobre posibilidades futuras de la beneficiaria, que resulta necesario para corregir el criterio del juzgado que fijó una pensión con carácter indefinido. El plazo estará en consonancia con la previsión de superación del desequilibrio, para lo que habrá de actuarse con prudencia y ponderación -como en realidad en todas las apreciaciones a realizar-, sin perjuicio de aplicar, cuando sea oportuno por las circunstancias concurrentes, plazos flexibles o generosos, o adoptar las medidas o cautelas que eviten la total desprotección. (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil,  de 7 de febrero de 2018, recurso 1661/2017)

Procedimiento extrajudicial de ejecución de la garantía hipotecaria

Ejecución hipotecaria extrajudicial. Consumidores y usuarios. Cláusulas abusivas.  Contrato de préstamo hipotecario. Facultades del órgano jurisdiccional nacional sobre las mismas.  Efecto que sobre el carácter efectivo de la protección concedida por la Directiva 93/13 a los consumidores tienen tanto el procedimiento simplificado de ejecución extrajudicial previsto en el artículo 129 de la LH, como el procedimiento tendente a la entrega del bien previsto en el artículo 41 de la LH y en el artículo 250 de la LEC, habida cuenta de la circunstancia de que el consumidor no está facultado, en el marco de este procedimiento, para hacer valer eficazmente la existencia de una cláusula abusiva en el contrato en cuestión. Se señala que el artículo 6.1 y el artículo 7.1, de la Directiva 93/13 no resultan de aplicación en un procedimiento como el que es objeto del litigio principal, iniciado por quien obtuvo la adjudicación de un bien inmueble en un proceso de ejecución extrajudicial de la garantía hipotecaria constituida sobre ese bien por un consumidor en beneficio de un acreedor profesional y que persigue la protección de los derechos reales legalmente adquiridos por el adjudicatario, en la medida en que, por una parte, ese procedimiento es independiente de la relación jurídica que une al acreedor profesional y al consumidor y, por otra parte, la garantía hipotecaria ha sido ejecutada, el bien inmueble ha sido vendido y los derechos reales sobre el mismo han sido transmitidos sin que el consumidor haya hecho uso de los recursos legales previstos en este contexto. (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, Sala quinta, de 7 de diciembre de 2017, asunto C/598/15)

Imposición del régimen de custodia compartida de hijos menores, uno de ellos discapacitado, solicitado por la madre ante la negativa del padre

Familia. Modificación de medidas. Guarda y custodia compartida solicitada por la madre. Menor discapacitado. Imposición del sistema ante la negativa del padre. Se solicita por la madre, con oposición del padre, el sistema de guarda y custodia compartida de los dos hijos menores de edad, uno de ellos con una discapacidad del 33%, cuya enfermedad ha evolucionado desfavorablemente, así como la situación personal de la recurrente, que ya no dispone del apoyo familiar para el cuidado de los hijos. El art. 90.3 del Código Civil establece: “las medidas que el Juez adopte en defecto de acuerdo o las convenidas por los cónyuges judicialmente, podrán ser modificadas judicialmente o por nuevo convenio aprobado por el Juez, cuando así lo aconsejen las nuevas necesidades de los hijos o el cambio de las circunstancias de los cónyuges. Las medidas que hubieran sido convenidas ante el Secretario judicial o en escritura pública podrán ser modificadas por un nuevo acuerdo, sujeto a los mismos requisitos exigidos en este Código”. La Audiencia Provincial, atendiendo a las circunstancias excepcionales del caso, señala que ante la evolución negativa apreciada sobre el menor discapacitado, la necesidad de mayor atención que ello demanda, el riesgo de diferencias entre hermanos que puedan repercutir con perjuicio sobre ambos, lastradas por la actual situación sostenida de un régimen de custodia exclusiva, que no ha servido para un mejor entendimiento de las partes, superado por las circunstancias personales de los progenitores, en particular de la madre con la quiebra acontecida de su red de apoyo familiar más inmediata, y necesidad de un cambio de alcance en tales circunstancias, apreciadas las posibilidades e idoneidad de ambos padres a estos efectos, justifica el cambio hacia el régimen de custodia compartida. Se fija un sistema de mera alternancia semanal de custodia compartida que permite comprender, por innecesarias, la supresión de las visitas intersemanales en armonía con un sistema de mayor alternancia y continuidad. (Sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba, Sección Primera, de 23 de enero de 2018, rec. 596/2017)

Efectos de la declaración de nulidad de cláusula suelo. Modulación en función del principio dispositivo: restitución de las cantidades desde la reclamación extrajudicial

Préstamo hipotecario. Cláusula suelo. Nulidad. Incongruencia ultra petita. Modulación en función del principio dispositivo de la declaración de nulidad. La congruencia exige una correlación entre los pedimentos de las partes oportunamente deducidos y el fallo de la sentencia, teniendo en cuenta la petición y la causa de pedir. En el caso, la entidad bancaria demandada, ahora recurrente, alega que la actora solicitó en su demanda la devolución de las cantidades cobradas por la aplicación de la cláusula suelo desde que se produjo la reclamación extrajudicial. Las sentencias de instancia conceden la devolución desde que se aplicó la cláusula, con el argumento de que la eficacia ex tunc deriva de la propia declaración de nulidad y es un efecto legal. La sala declara que una cosa es que la restitución de las prestaciones sea un efecto ex lege de la declaración de nulidad, como sostiene la sentencia recurrida, y otra que dicho efecto no pueda modularse en función del principio dispositivo. De manera que si la propia parte solicitante de la nulidad circunscribe su reclamación a un lapso temporal más corto, el tribunal queda vinculado por dicha limitación de los efectos. Es cierto que si la parte demandante no hubiera establecido una fecha concreta para su reclamación, sino que se hubiera limitado a solicitar la restitución recíproca de las prestaciones, se le habría concedido desde que se aplicó la cláusula nula, puesto que es el efecto legal. Pero una vez que no se ciñó a dicha pretensión, sino que la delimitó temporalmente, en coincidencia con su reclamación extrajudicial, el tribunal quedó vinculado por dicha delimitación. Al no haberlo hecho así, el tribunal de instancia ha incurrido en la incongruencia ultra petita denunciada en el recurso, por lo que se anula parcialmente la sentencia, a fin de reducir la extensión temporal de la restitución de las cantidades cobradas por aplicación de la cláusula suelo a lo solicitado en la demanda, que fijó el día inicial de la devolución en la fecha de la reclamación extrajudicial. (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo civil, de 21 de diciembre, rec. 1579/2015)